Entre los imputados figuran los ex ministros Sergio Fernández (actual senador electo), Sergio Onofre Jarpa y Mónica Madariaga; el ex jefe de la policía uniformada, Rodolfo Stange (ex miembro de la Junta Militar) y ex jefes de la DINA y de la CNI (ex centrales de Inteligencia utilizadas como la base para combatir opositores. Por esta pertenencia serían procesados con pedido de extradicción los hoy detenidos Manuel Contreras y Pedro Espinoza y Alvaro Corbalán y Sergio Iturriaga.
Los diarios anticipan que la medida del juez Garzón apunta también hacia militares argentinos involucrados en el Operativo Cóndor, la represión coordinada por las dictaduras del cono sur a disidentes políticos. En Buenos Aires, esta organización está siendo investigada por tres jueces federales: María Servini de Cubría, Gabriel Cavallo y Adolfo Bagnasco.
El canciller chileno, Juan Gabriel Valdes, desistió de confirmar o desmentir la versión, pero los diarios El Mercurio y La Tercera dijeron que la decisión de Garzón es inminente y que llevó al gobierno a advertir a los eventuales afectados. "No reconocemos ni admitimos la jurisdicción de la justicia española", fue el único comentario de Valdés.
El Mercurio dice que la medida incluirá también a un grupo de oficiales argentinos "que se unirán a cerca de un centenar de personeros trasandinos que fueron requeridos hace menos de dos meses por el controvertido Garzón". La Tercera expresó que los chilenos afectados aparecen involucrados por Garzón en el proceso por violación a los derechos humanos por el cual desea extraditar a Pinochet -arrestado en Lndres en 16 de octubre de 1998- y procesarlo en Madrid.
El gobierno chileno habría sido advertido de la situación el lunes último por diplomáticos en España, y luego fue confirmada por altas fuentes judiciales argentinas que no identifica. La Tercera recuerda que ya en octubre de 1998, apenas producida la detención de Pinochet en Londres, el gobierno chileno recomendó a los mencionados ex funcionarios a que no viajaran al extranjero "porque podrían encontrarse en calidad de imputados en el juicio del magistrado español".
"Cualquiera de estas personas podría ser detenida en otras partes del mundo y extraditadas a Madrid", dijo entonces el ministro José Miguel Insulza. El gobierno del presidente Eduardo Frei insistió en rechazar la jurisdicción española para juzgar a chilenos incluso argumentando las normas del artículo 5 de la Convención contra la Tortura que suscribieron España y Chile.