La causa judicial había comenzado a principios de mayo de 1999 y según esa denuncia, De Zorzi y Pietro habían incurrido en los presuntos delitos de "incompatibilidad con la función pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La presentación judicial daba cuenta que uno de los numerosos inmuebles expropiados para la ampliación de la autopista AU3 le había sido entregado en forma precaria y gratuita, el 20 de octubre de 1998, a Mónica Acuña, empleada de la Dirección General de Bienes.
En ese marco, la Secretaría de Hacienda requirió la opinión de la Procuración General y de la Sindicatura General, de la Ciudad, para que proporcionaran un informe detallado de lo acontecido. Una vez que ambos organismos se expidieron, la Secretaría remitió lo actuado a la Fiscalía Nacional Criminal de Instrucción número 16, y en las últimas horas el juez Zelaya dio a conocer su resolución por la cual sobreseyó a De Zorzi y Pietro.
En su resolución, Zelaya sostiene que "resulta ajustado a derecho dictar el auto de sobreseimiento ya que la investigación se encuentra agotada y no surgieron de la misma los más mínimos elementos que justifiquen someter a proceso a los imputados". También desechó a las versiones ofrecidas por los imputados: "no se encuentran comprometidas por elementos de peso que justifiquen agravar sus situaciones procesales sino, por el contrario, debe darse un corte definitivo a lo actuado", dijo.