22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

También en Chile jueces investigan crímenes de lesa humanidad

Los jueces locales están decididos a impulsar los juicios por violaciones a los Derechos Humanos durante el gobierno de Augusto Pinochet. El caso "Caravana de la Muerte".

 
En Chile, igual que en Argentina, los jueces locales parecieran haber acelerado apenas iniciado el 2000 las investigaciones por las violaciones a los Derechos Humanos. Hoy un juez especial que investiga más de medio centenar de querellas presentadas en Chile contra Augusto Pinochet pidió al Ejército los nombres de las dotaciones de oficiales de unos 15 regimientos de varias ciudades del país en 1973.

El informe apareció publicado en el diario "La Tercera" y se refiere a los movimientos registrados en los regimientos acantonados en las ciudades por las que pasó, en octubre de 1973, la llamada "Caravana de la Muerte", cuyos integrantes están procesados por el asesinato sumario de 72 prisioneros políticos.

Entre los imputados figura el general retirado Sergio Arellano Stark, quien comandó la citada comitiva, como "delegado personal" del comandante en jefe del Ejército. Pinochet se encuentra actualmente sometido un juicio para su extradición a España en Londres. La "caravana de la muerte" es uno de los casos más firmes que tiene el juez especial Juan Guzmán Tapia para establecer una responsabilidad personal de Pinochet en los delitos que investiga. Una vez con las pruebas suficientes para determinar esas responsabilidades, el magistrado puede solicitar el desafuero de Pinochet -protegido por ser senador vitalicio- y posteriormente procesarle.

El diario "La Tercera" cita fuentes judiciales para precisar que el actual comandante del Ejército, general Ricardo Izurieta, recibirá esta semana la solicitud del juez Guzmán para que entregue las listas de oficiales de los regimientos de las ciudades por las que pasó el grupo encabezado por el general Arellano Stark. La diligencia tiene el propósito de acotar la responsabilidad penal de los procesados y determinar si existe personal militar que tenga conocimiento y haya participado en la inhumación ilegal y ocultamiento de los cadáveres de las víctimas. A abogados consultados por el periódico sostuvieron que no existe ninguna razón legal que permita al Ejército rechazar la petición del magistrado Guzmán, aunque podría responder que la información solicitada ya no existe en sus archivos.

Otra diligencia cumplida recientemente por el juez Guzmán es un extenso interrogatorio, que se prologó por dos días, al abogado Sergio Rodríguez Wallis, defensor del coronel retirado Sergio Arredondo, uno de los integrantes de la "caravana de la muerte". El interrogatorio al letrado se debió a que, cuando alegaba hace algunas semanas en favor de la libertad provisional para su cliente, admitió ante el tribunal que la comitiva asesinó a prisioneros políticos.



dju / dju
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