Analizando la normativa que establece el modo de operar del Hipotecario, el Defensor del Pueblo señala que se mejoró la situación económica y financiera de la entidad bancaria estatal en desmedro de los adjudicatarios en cuanto al mecanismo por el cual se determina el saldo de sus deudas. Concretamente, Mondino indica que se le permitió al Banco Hipotecario modificar unilateralmente el incremento de las tasas de interés y del monto de las cuotas sin brindarle a los prestatarios la información debida respecto de esos nuevos procedimientos.
En medio de una situación caracterizada por el reciente envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley de emergencia que podría suspender los pagos del Estado por 180 días, el Ombudsman destaca que, "los montos que los adjudicatarios deben abonar mensualmente superan con amplitud el 25% de sus ingresos". "El Hipotecario, en muchos casos, inició ejecuciones y remates de casas sin tener en cuenta que es la única vivienda del grupo familia".
Como así también que "en ningún caso se tuvo en cuenta la pérdida de puestos de trabajo de los prestatarios, continuando con los lanzamientos sin dar explicaciones suficientes, negándose a responder peticiones y reclamos y desamparando insensiblemente a la gente perjudicada".
El cuadro descripto se refleja en la gran cantidad de quejas y consultas remitidas cotidianamente a la Defensoría del Pueblo de la Nación por adjudicatarios residentes en las ciudades de Río Cuarto, Cutral Co y San Carlos de Bariloche –entre otras—y en forma generalizada en las provincias de Corrientes, Córdoba, Mendoza, Neuquen y Jujuy.
Mondino señala que "ya se han hecho llegar varios informes especiales a la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, resaltando las cuestiones que debían contemplarse para mejorar la situación de indefensión en que han quedado los adjudicatarios del Banco Hipotecario".
En su recomendación, el Ombudsman pide también la revisión de los saldos de deuda de la totalidad de las operatorias y la agilización de los casos en los que el prestatario hubiese pedido un plan de refinanciación. Y agrega que "la emergencia social y económica que el propio Estado reconoce indefectiblemente trae aparejada una mayor repercusión en todos los ciudadanos que revisten el carácter de prestatarios, los cuales a su vez han sido afectados recientemente por las medidas impositivas que se han dictado".
El antecesor a Eduardo Mondino, el ex ombudsman Jorge Luis Maiorano, articuló ante la justicia en lo Contencioso Administrativo, varias acciones en defensa de los consumidores que impidieron el aumento de tarifas en los Servicios Públicos, presionados por empresas privadas.