Fue esa definición específica de terrorismo contemplada en el artículo primero de la futura ley la que atenuó las divergencias entre radicales y peronistas para ampliarlo a los delitos generales pese a que la Alianza hizo de la lucha contra la corrupción un eje de su campaña electoral: por ahora, el arrepentido solo servirá para investigar ese tipo de delitos - narcotráfico ya lo tiene en su ley específica- pero no podrá ser utilizado legalmente para los que se cometan contra la Administración Pública, verbigracia IBM-Banco Nación, PAMI, Oro o Armas para nombrar los más emblemáticos.
Terrorismo fue el eje horizontal con que Fernando De la Rúa instruyó a su ministro de Justicia para poder obtener en tiempo récord una ley que satisfaga las exigencias de la influyente colectividad judía y de la no menos importante embajada de Israel en Buenos Aires. Los atentados contra la AMIA y la propia legación diplomática podrán tener antes del juicio final algún tipo de colaboración que les permita avanzar sobre la conexión local. En el caso del ataque terrorista contra la mutual judía se reduce a un ladrón de autos y a una banda de ex policías corruptos.
Fue el propio juez federal Juan José Galeano y los fiscales de la causa, Eamon Mullen y José Barbaccia quienes m s insistieron sobre este beneficio procesal para quien -siendo parte de una organización delictiva- brinde datos vitales que permitan su total esclarecimiento. Ricardo Gil Lavedra ayer concurrió presuroso al Congreso para acordar con ansiosos diputados del PJ que consiguieron avanzar sobre algunas comisiones que tratan este tema y el no menos trascendente de creación del fuero penal tributario.
El duhaldista bahiense Dámaso Larraburu presidirá la Legislación Penal mientras que otro peronista, Guillermo De Sanctis acompañará al radical Ren‚ Balestra en la estratégica comisión de Justicia si se tienen en cuenta las ambiciones del presidente y su ministro sobre este Poder del Estado: ayer se lanzó la posibilidad de decretar una emergencia judicial para reestructura a la Justicia y cubrir unas 100 vacantes, una audacia que le exigirá una fuerte negociación con el Senado en manos del peronismo.
En ese cuadro de situación, avanzar sobre otras figuras penales en las que podría incluirse el arrepentido podría hacer peligrar el cumplimiento de otro de los anuncios de campaña de De la Rúa: sacar esta ley y con ello atribuirse el mérito de haber posibilitado el esclarecimiento de los atentados. En ese limitado marco, el radicalismo en el Congreso pudo obtener el apoyo del PJ y de algunos partidos provinciales que hace dos años no se pusieron de acuerdo para sacar un texto parecido.
No fueron pocos los aliancistas que se opusieron en el Senado al proyecto peronista por entender que se violaba el artículo 41 del Código Penal que facultaba al tribunal de sentencia a hacer uso de esa figura.
Ahora, desde la misma instrucción de la causa, por pedido del fiscal competente se puede suspender la acción penal contra un imputado si la información que tiene en su poder le permitirá al juez esclarecer totalmente un caso complejo y condenar a los autores materiales e ideológicos. En el caso de la AMIA, se ejemplifica con Carlos Alberto Telleldín considerado el nexo entre las bandas que se dedican al robo de automotores y la cadena de responsables que participó directa o indirectamente en el atentado. En algún lugar de esa cadena se ubican al ex comisario Juan José Ribelli y a su grupo de los mejores ex policías que se encuentran presos aunque esperanzados de que no se puedan probar cargos de gravedad en el juicio oral y público que se ventilaría a mediados de año.
Es probable que existan algunas discrepancias aún entre los mismos radicales -muchos de ellos abogados adeptos al purismo jurídico- que cuestionan la figura del arrepentido por la presunta mala utilización que se puede hacer de esa figura que no es aceptada por el sector garantista de la Justicia. Pero no habrá una oposición cerrada y se espera que el miércoles salga un despacho por unanimidad, fundamentalmente por el peso político que arrastra todo gobierno en su etapa inicial.
De todos modos, el grupo más activo de la colectividad judía con respeto a este atentado como es Memoria Activa mantiene su cautela. El abogado Jorge Lipschitz, uno de sus miembros fundadores, le dijo a Diario Judicial que "el proyecto es bueno, pero tiene que ser tomado con delicadeza. Uno puede ser el autor y beneficiario". Esa es la gran discusión en la Justicia, beneficiar a uno de los imputados con la libertad con tal de entregar al resto: "es un premio al buchón", se jactan desde el progresismo judicial frente a la oposición de los jueces y fiscales que privilegian el pragmatismo y procuran el esclarecimiento de los casos complejos que no pueden manejarse con legislación penal de principios de siglo.
La futura ley establecerá beneficios que van desde la reducción de la escala penal respectiva hasta la mitad del mínimo y del máximo legal imputado hasta la eximición de pena. Las escalas serán fijadas por el juez de instrucción o el tribunal del juicio, quienes deberán evaluar la calidad de la información aportada. Así como el fiscal puede pedir la suspensión de la acción penal contra el imputado que se acoja al beneficio procesal de ser considerado un arrepentido, también se puede solicitar la prosecución de la causa y la respectiva condena.
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