Por su parte, Alsogaray retrucó los dichos de Massei al sostener que el funcionario “pretende encontrar corrupción donde no la hay” y comparó su situación ante la Justicia –por las causas que impulsa el actual gobierno—con “el caso Dreyfus”.
Aunque fuentes de la cartera de Justicia indicaron que no podían dar difusión de la investigación (siguiendo las directivas impartidas por el Poder Ejecutivo la semana pasada), los documentos que se hallaron indicarían que de esos 12 millones, tres habrían sido aprovechados para “hacer pavimentos y refaccionar” el Centro Municipal de Exposiciones que se encuentra en Retiro. Para el “meeting” se habrían utilizado 600 mil pesos diarios.
Esta investigación fue denunciada por Massei, un día después de que se conocieran graves irregularidades en el Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental (Prodia)
Al parecer dicho informe comprometería a María Julia en el pago de sobreprecios y en la firma de contrataciones directas por montos millonarios, que se habrían realizado sin un llamado previo a concurso de precios.
De los 38 millones del presupuesto que controla el Prodia, 30 provienen de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La Auditoria General de la Nación, en ese entonces detectó que las contrataciones habrían excedido los límites del programa y de las obras de remodelación, para convertirse en una obra de remodelación general del edificio de la secretaría.
Las investigaciones del organismo que controlaba el radical Enrique Paixao, pasaron a manos de su sucesor Rodolfo Barra, quien ahora deberá responder sobre estos sobreprecios.
La cuarta conferencia internacional, se llevó a cabo en noviembre del año pasado, durante 11 días, del 2 al 13 de dicho mes. Fue la primera vez que se hizo en Argentina, y fueron invitados funcionarios de 174 países, para el tratamiento del recalentamiento global del planeta.
La semana pasada el vicepresidente Carlos Álvarez, se reunió con el titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, donde sostuvo que se iba a investigar a las ex funcionarias María Julia Alsogaray; la de la Función Pública, Claudia Bello, y las sucesivas gestiones que llevaron a ATC a tener una deuda de más de 70 millones de dólares.
Una compleja cuestión legal.
El tema de la creación y competencias de la Oficina Anticorrupción ha despertado dudas y controversias entre los profesionales del Derecho. Se cuestiona la forma legal de creación de la Oficina (ley 25.233 y Decreto 102/99) y la posibilidad de colisión de esta normativa con cláusulas de las leyes 25.188 (de Etica Publica), 24.946, Arts. 26, 45 y 50 y aún con la propia Constitución Nacional. También se alzan voces en contra de la facultad de la Oficina de constituirse como parte querellante en procesos por la presunta comisión de delitos relacionados con casos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
Diario Judicial publicará en los próximos días un articulo donde se analizará exhaustivamente esta compleja cuestión de actualidad jurídica.