La denuncia, contenida en un centenar de carillas presentadas en el juzgado federal a cargo de Adolfo Bagnasco, fue radicada hoy por el titular de la Oficina Anticorrupción, el fiscal de control administrativo, José Massoni.
La nueva presentación se suma a la ya efectuada la semana pasada por el delito de "encubrimiento por omisión de denuncia", presuntamente cometido por no haber llevado a la Justicia el contenido de una auditoria interna del PAMI. Esa denuncia quedó radicada en el juzgado de Gabriel Cavallo.
En la nueva presentación se concentran las investigaciones que la intervención del PAMI y la oficina Anticorrupción realizaron hasta el momento sobre presuntas irregularidades durante la gestión de Alderete.
De acuerdo con la denuncia, la asociación ilícita estaba integrada por ex directivos del Instituto, entre quienes se contaban el hijo de Alderete, Alejandro Tomás, quien cumplía tareas como gerente de Acción Cultural y Desarrollo Social.
Puntualmente, se hace referencia a las actividades en el área de Presidencia que fueron, "lo más opuesto posible a las normas orientadas a asegurar la preservación y uso de recursos".
Al respecto, la Oficina aseguró que "el repliegue de la estructura tuvo gravísimas consecuencias patrimoniales para el Instituto".
"El déficit reconocido de 654 millones, con un problema de caja que ascendía a los 330 millones es la más clara herencia del paso del Grupo Alderete por el instituto", recalca la presentación.
Otro de los puntos que deberán ser investigados deberá ser el referido a la contratación de los servicios médico- asistenciales, con los que se vieron favorecidas las denominadas gerenciadoras, empresas cuyos contratos fueron dejados sin efecto tras la asunción de la intervención a cargo de Cecilia Felgueras.
Esa modalidad, de acuerdo con la presentación, "dejó de lado todo aquello que tuviera que ver con la certificación de la selección de los efectores, mecanismo de control prestacional, financiero y de protección de los derechos de los beneficiarios".
Entre los casos denunciados como presuntamente ilícitos se cuentan la firma del contrato con la empresa Solavi SA, por 600 mil pesos; un contrato con el Instituto de Macropsicología por otros 20 mil pesos mensuales y también con Cer. Co Man por 120 mil al mes.
La extensa denuncia, incluye irregularidades en los contratos celebrados entre el PAMI y Bureau Veritas Argentina, los que no contaron con la correspondiente autorización, y en el cual se vieron beneficiados terceros en forma abusiva.
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