04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Criticas y dudas sobre el Código Procesal Penal bonaerense

La probable sanción de las modificaciones solicitadas por Ruckauf al Código Procesal Penal bonaerense generó críticas y resistencias dentro de la Justicia y en organismos de derechos humanos.

 
La unanimidad lograda en la votación efectuada el último martes en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, no refleja el sentimiento de otros actores involucrados en el tema y que se sienten desplazados del debate.

El endurecimiento de la legislación sobre seguridad, tal como pedía el gobernador Carlos Ruckauf, generó discrepancias entre jueces y abogados.

Entre las medidas aprobadas en el proyecto y evaluadas críticamente, figuran la restricción en las excarcelaciones para delitos cometidos con cualquier tipo de arma y las facultades dadas a la policía para requisar o requerir información de sospechosos en el lugar de un hecho delictivo o en sus inmediaciones.

Para la Dra. María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi ( Conta la represión policial) “ La necesidad de la reforma no es más que una falacia, cuando ni siquiera se puede decir que el código actual se llega a aplicar”. Para Verdú “esta nueva ley no es más que la aplicación de otra forma de control y disciplinamiento social”.

Según la profesional la Justicia Criminal de la Provincia de Buenos Aires está virtualmente paralizada y “casi el 90% de la población carcelaria se encuentra sin .condena.

Además “existen una cantidad de causas que pasan a los tribunales “virtuales” de transición donde pocas veces llegan a ser tratadas. Existen pedidos de detención por homicidio que pasan más de un mes sin ser visto por un juez”, aseguró.

Sólo dos mil de los 45 mil arrestos realizados en la provincia son alguna vez juzgados. Actualmente existen 13 mil presos hacinados en un espacio carcelario con capacidad para 10 mil. Las condiciones más estrictas de excarcelación solo van a empeorar esta situación, afirman los magistrados.

El Juez de garantías de San Isidro Dr. Juan Makintach afirmó “como hombre de la justicia no estoy contento ni muy feliz” y señaló sus críticas sobre las modificaciones. “Si se niegan las facultades de control directo al organismo institucional, se volverá a los abusos. Durante los primeros años de la democracia, los jueces tuvimos que salir a la calle para parar los abusos policiales”, recordó.

Sobre la autonomía policial advirtió “la policía bonaerense en los últimos años ha tenido falencias. En la necesidad por sumar efectivos, se perdió idoneidad. Además las purgas indiscriminadas sin analizar cada caso particular, derivaron en que se haya ido gente valiosa y quedo otra que tenia que irse. Actualmente en la policía bonaerense no existen investigaciones en profundidad sobre delitos como las bandas que asaltan bancos, los piratas de asfalto, etc.”

Así para el magistrado “los jueces de garantías con esta ley pasamos a ser un sello de goma”.

Para Verdú “Las mayores facultades policiales no hacen más que legitimar las conductas habitual y permanente. La situación va a empeorar porque en todo lo que hasta ahora la policía se preocupaba por mantener las formas y disimular lo van a poder hacer libremente. Desde apremios a plantar un arma o drogas en una requisa.”

Los riesgos que derivan de esta política de seguridad son estimados con reparos. Según Makintach “El código no se compadece con el Pacto de San José de Costa Rica en cuanto se habla de protección judicial del individuo, y yo creo que el fiscal no garantiza la protección judicial sino que cumple una función administrativa”.

Temas como el desempleo, la marginalidad, y la facilidad de acceder a un arma de fuego ni siquiera fueron tratados en el debate, y es desde donde hay que comenzar a detener la ola de violencia.

La Cámara de Diputados tratará la cuestión nuevamente el martes y se adelantó que la ley será sancionada tal como la redactó el Senado.

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dju / dju
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