El funcionario judicial aludió en sus declaraciones a la controversia desatada alrededor de la libertad de Antonio Rainieri, uno de los dos delincuentes abatidos durante el asalto con toma de rehenes ocurrido el jueves de la semana pasada en los barrios porteños de Agronomía y La Paternal. Casanovas hizo una presentación ante la Unidad Fiscal 3, solicitando que se profundice la investigación acerca de esos presuntos hechos irregulares que comprenderían el beneficio que Rainieri obtuvo bajo un régimen de salidas transitorias.
En su escrito ante el fiscal Marcelo Martín, Casanovas invocó el artículo 287 del Código Procesal, que lo obliga a denunciar un eventual delito ante la sola “noticia criminis”.
El ministro agregó que dispuso la instrucción de un sumario administrativo en el Servicio Penitenciario, acosado por la misma duda que Domínguez.
El planteo de Domínguez fue presentado en el despacho del fiscal general, Héctor Vogliolo.
El Servicio Penitenciario negó la supuesta existencia de venta de certificados de buena conducta para permitir la liberación de presos alojados en sus cárceles. Aclaró que el organismo se había opuesto a permitir salir en forma transitoria a Rainieri.
El hecho de que Rainieri y su sobrino Diego Martín Lucero estaban libres, bajo permisos de salida dados por los tribunales de esta capital y San Martín, produjo un fuerte impacto oficial.
Los camaristas cuestionados sobre la libertad de los delincuentes abatidos en ese tiroteo, son los doctores María Ruisech, Sara Rodríguez y Carlos Ocampo, pertenecientes a la Sala IV de la Cámara Penal.
Del expediente surge que Rainieri tenía una “conducta ejemplar”.
En la reunión de gabinete con el gobernador bonaerense Carlos Ruckauff, surgieron datos acerca de 17 casos en situación similar a la de los delincuentes que tomaron a los rehenes. Se cuestionó la conducta de los jueces por haberles dado la libertad.
”El Servicio Penitenciario obedeció las ordenes de los magistrados”, admitió esta tarde un vocero del Ministerio de Justicia provincial.