Al emitir su dictamen ante la jueza federal de ese fuero Susana Córdoba, en una acción de amparo promovida contra el Estado Nacional y el Ministerio de Defensa por José María Díaz, Yrigoyen sostuvo que el decreto en cuestión es inconstitucional al señalar que "es violatorio del artículo 17 de la Carta Magna".
"Las modificaciones que se pueden introducir en la relación del empleo publico deben tener su contrapartida en la debida indemnización de los perjuicio a producir. La reducción de salarios dispuesta por el decreto 430/00 del personal de la administración, no ha previsto modificaciones en la prestación de los agentes, limitación temporal y no prevé devolución alguna; es transitorio según sus considerandos, pero no en su articulado", advirtió.
Asimismo, el fiscal calificó de "imprudente y nefasto" el decreto al afirmar que "para arreglar las finanzas públicas agrede en sus salarios a aquellos que tienen menos poder para defenderse".
"Todo el sistema de recorte de salarios que implicó el decreto motivo del amparo, resulta de su propia lectura -arts. 1 a 11- que es injusto y hasta inmoral, puesto que no señala la fecha de duración ni la forma ni el método de devolución de las sumas retenidas, y, consecuentemente es irracional e ilegítimo.”
Respecto de lo injusto de la norma -que ya llegó a manos de la Corte Suprema- el fiscal Yrigoyen indicó que "recayó en un determinado conglomerado de empleados del Estado Nacional, quedando al margen los agentes públicos de la mayoría de las provincias y porque tampoco sufrieron desgaste los empleados de ciertos organismo dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público, ni el Congreso”.