Scelzi aseguró en su presentación que los acuerdos entre ambos países y los principios de “territorialidad y nacionalidad” indican que los hechos que se le imputan a su cliente “deben ser juzgados por un tribunal argentino”, ya que ocurrieron en territorio nacional.
De concederse la extradición a la Argentina, Cavallo quedará automáticamente en libertad ya que fue beneficiado por la leyes de Punto final y Obediencia Debida por lo que no existiría ninguna causa judicial en su contra. Los hechos sucedidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, a excepción de los secuestros de criaturas nacidas en cautiverio que son imprescriptibles, figuraban en lo que se conoce como la causa ESMA, que fue sobreseída por la Cámara Federal.
Scelzi explicó que las demoras en formular el pedido de extradición por parte de la defensa de Cavallo obedeció a la necesidad de “establecer la consistencia de las imputaciones” que formuló Garzón y en tener “un conocimiento fehaciente de las mismas”. En ese sentido, el letrado dijo que las acusaciones “están circunscriptas a hechos ocurridos en territorio argentino hace más de veinte años”, reclamó que “se consolide el concepto de juez natural” y justificó la represión desatada en los ´70 al considerar que se trató de un enfrentamiento entre “las Fuerzas Armadas de nuestro país y organizaciones terroristas”.