Según adelantó un vocero cercano al Consejo, el dictamen de Fernández y Maestro apuntaría a que la mayoría de las denuncias contra el juez mendocino son opinables, y que en la causa donde se generó un planteo de competencia, Leiva había elevado el expediente del vaciamiento de los Bancos Mendoza y República a la Cámara. “Leiva actuó jurídicamente como corresponde”, señaló el asesor al tiempo que indicó “la Corte intervino ante un conflicto entre la Cámara Federal de Mendoza y la de Capital Federal” y que “por eso la causa recayó en el juez Literas (Gustavo), pero eso no configuró ninguna mala actuación por parte de Leiva”.
La fuente también manifestó a Diariojudicial.com que en el dictamen desestimatorio de los legisladores de la Alianza, se hace un “llamado a la reflexión al fuero federal mendocino por conflictos personales que existen entre jueces”, por la denuncia que realizó el juez de San Rafael, Héctor Acosta contra Leiva, entre otros pedidos de juicio político.
Por otra parte, trascendió que uno de los pedidos de juicio político al magistrado será trasladado a la Comisión de Disciplina, donde se le podría llegar a aplicar alguna sanción (si el dictamen de desestimación prospera en el plenario del cuerpo). Esto por una causa, donde el magistrado habría “obviado” reglas procesales. Se trata de un caso que en su momento denunció el camarista federal Petra Recabarren cuando compareció ante la Comisión. Se trata de tres internos que habían presentado un “habeas corpus” y no fue elevado a la Cámara.
Los legisladores de la Alianza, en su unificación de argumentos elaborados en el dictamen desestimatorio, se acercaron a los fundamentos de la diputada de la UCR Elisa Carrió cuando fue citada en noviembre del año pasado a comparecer ante la Comisión de Acusación. En ese entonces Carrió, defendió la actuación de Leiva en la instrucción de las causas por la que fue cuestionado en el cuerpo.
Por otra parte, los diputados justicialistas Pichetto y Chaya, presentaron un dictamen acusatorio contra Leiva por 10 de los 15 pedidos de juicios políticos que pesan en su contra. Entre ellos se le imputan haberse quedado con la causa del Banco Mendoza.
Los consejeros fundamentaron su dictamen en torno a 10 de los cargos que se le imputan a Leiva y que configuran el presunto mal desempeño en su función. Entre ellos el expediente que tuvo como principal implicado al ex banquero Raúl Moneta por las presuntas figuras delictivas de “subversión económica”, por el cierre de los Bancos Mendoza y República. En dicha causa le cuestionan al magistrado federal el presunto “manejo” que habría realizado para quedarse con la causa del Banco Mendoza en la que aparentemente había realizado un trámite calificado como “anormal” -según voceros de los consejeros- para retener la competencia del expediente que la Corte Suprema ante el planteo de competencia presentado por la defensa de Moneta, le adjudicó al juez federal Gustavo Literas.
También Leiva, está acusado por su presunta actuación “irregular” en una causa denominada “Dïaz Valdez” en la que dejó libre sin caución a un ciudadano chileno acusado de contrabando de combustible. A raíz de ello, el ciudadano habría viajado a su país pero al dictar su orden de captura no fue posible encontrarlo.
Chaya y Pichetto acusaron al magistrado por la causa “Alpina Motors” por presunto contrabando de automóviles provenientes –en tránsito- desde Chile con origen en Francia y destino final Argentina o Bolivia. También le imputaron al magistrado haber cometido irregularidades en una causa por presunto contrabando de maletines de origen chilenos, con la finalidad de ofrecerlos como obsequio en un congreso de jueces federales realizado en la provincia mendocina; haber ordenado la detención de un menor en una cárcel de mayores y la irregularidad en la entrega de un automóvil de una persona detenida a otra que no acreditó debidamente la documentación para acceder al auto, entre otras.
Asimismo, entre las causales de juicio político contra Leiva, figura el caso de las escuchas telefónicas ordenados por Leiva contra 60 personas durante seis meses en una causa en la que investigaba en su propio juzgado en un presunto complot en su contra. También se le imputa la compra de un lote de 1000 metros cuadrados en la localidad de Chacras de Coria de Mendoza, por un valor de 16.000 dólares cuando el valor de mercado ascendía a unos 42.000.