Los allanamientos fueron ordenados por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quien dispuso procedimientos en los domicilios de los agentes involucrados en las operaciones -importadores y despachantes de aduana- que tendrían presunta vinculación con los delitos investigados, tomando intervención la Dirección de Inteligencia Fiscal de la AFIP.
En la causa se encontraría documentado que a través de facturación apócrifa se le asignaba a los vehículos un valor diferente del real con el objeto de reducir la base imponible del cálculo de los tributos aduaneros devengados por las operatorias involucradas.
Asimismo, se habría detectado que las facturas acompañadas al despacho aduanero atribuidas al exportador del extranjero serían diferentes a las confeccionadas por ésta. Es más, se evidenciaron "indicios" que delatarían su falsedad a partir de la existencia de correlatividad en su numeración y en la falta de "homogeneidad" en el formato, según revelaron voceros cercanos a la causa.
Las mismas fuentes indicaron que esas irregularidades tendrían "incidencia aduanera ya que los valores consignados "serian notablemente inferiores a los consignados en los instrumentos realmente emanados de las exportadoras o a los vigentes en el mercado internacional".
De ese modo, camionetas lujosas eran importadas a un valor que oscilaba entre los diez mil y los doce mil dólares, cuando el valor real de mercado se ubica en la franja de precios superiores a los cuarenta mil dólares.
Según se confirmó, los allanamientos fueron dispuestos por Aguinsky en domicilios de esta capital, Beccar, Remedios de Escalada, Vicente López, Martínez, Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires; San Rafael, General Alvear, Las Heras y Mendoza capital, de esa provincia; Venado Tuerto y Rufino en la provincia de Santa Fe; Mar del Plata y Vedia (provincia de Buenos Aires) y en Las Heras, en Santa Cruz.