El pedido fue presentado a través de un recurso de amparo ante el fuero contencioso administrativo federal. El escrito lleva las firmas de Juan A. González, en carácter de Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Alberto O. Carapinetti como Presidente del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE y Carlos S. Kasparian en carácter de representante gremial de ATE-PAMI, Capital y tiene como objeto que la justicia ordene “al Poder Ejecutivo Nacional dejar sin efecto el decreto 13/01, que mantiene intervenido sin término el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y normalizarlo en el plazo de 30 días o en el que se considere más adecuado, en los términos de la ley 19.032 y sus normas reglamentarias, restableciendo de esa manera la legalidad, su autonomía económica y financiera y la administración con la participación de los interesados, tal como lo garantiza la Constitución Nacional en el artículo 14 bis y la ley de su creación”.
Kasparian, por su parte, señaló a Diariojudicial.com que la demanda contra el Estado apunta a que “finalice la intervención en el PAMI, y que el Instituto se normalice lo antes posible, porque consideramos que de acuerdo a las últimas declaraciones del interventor Polak, no se están garantizando las prestaciones médicas ni sociales”.
“Necesitamos recuperar la prestación integral para los jubilados, la estabilidad laboral de los trabajadores y, nosotros, recuperar el mandato que otorga la ley de creación (19.032) que significa que tenemos que ser, los que conducimos el Instituto, y así garantizar con nuestro aporte las prestaciones médicas y sociales”, explicó Kasparian.
Por su parte, voceros del Interventor del Pami manifestaron que “la situación por la que atraviesa el organismo, es resultado de las decisiones de la política económica impuesta por el Ministro de Economía Domingo Cavallo, y no del Pami”.