El secretario de Justicia también se habría reunido con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en su oportunidad había requerido autorización al secretario de Seguridad del Interior Enrique Mathov para colocar detectores de los explosivos.
Por otra parte, en la reunión mantenida entre Cruchaga y miembros de la Asociación se habría planteado la posibilidad de que la investigación de las amenazas de bombas recaiga en las fiscalías, que ahora reciben los casos de autor desconocido.
La ley de los NN (25.409) agregó tres nuevos artículos al Código Procesal Penal. El Poder Ejecutivo cuando presentó el proyecto previó que las fiscalías atendieran causas NN competentes del fuero correccional pero el Congreso cuando sancionó la Ley amplió el espectro haciendo expresa indicación de que la competencia también sería del fuero de instrucción.
Según advirtió el fiscal de la Cámara del Crimen Ricardo Saenz, el caso de las amenazas de bombas si bien es un caso NN se trata de un delito federal. Sobre este tema en particular dejó sentado jurisprudencia la Cámara Federal de San Martín que en un fallo dictado el 14 de junio último hizo referencia a que las causas NN son excluyentes del fuero correccional y de instrucción pero no del federal tal como dispuso la Ley.
Las amenazas de bomba comenzaron en octubre último en el edificio de Diagonal Norte 760, pero en febrero de este año se diversificaron. De la última intimación que se tuvo noticias se registró el 25 de mayo pasado también en el edificio de Diagonal Norte lo que produjo que el mismo fuera desalojado.
El “modus operandi” de los atentados es llamar por teléfono a tres juzgados a la vez y amenazar con que "hay un artefacto explosivo" en el lugar.
Por su parte ante la discusión de que se debía declarar inhábil los días en que los juzgados laborales debían permanecer cerrado en los horarios de atención al público por las intimidaciones, se trasladó a la Corte que finalmente no hizo lugar a la petición lo que originó preocupación entre los abogados laboralistas, ante la falta de respuestas de las autoridades nacionales.
Si se realiza un promedio cada quince días hay una amenaza de bombas en distintos juzgados de la Capital Federal, comentaron en su momento integrantes de la Asociación de abogados laboralistas.
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