En la resolución que firmó Romero esta tarde, se instruyó al Administrador General de la Defensoría General para que “en las distintas áreas que componen la estructura administrativa de la Defensoría implemente las medidas de ajuste presupuestarias en materia de contrataciones, gastos de funcionamiento, viáticos, servicios básicos, en especial de telefonía, energía y bienes de consumo en general durante el trimestre de julio, agosto y septiembre del corriente ejercicio financiero”.
También se exhortó a los magistrados del Ministerio Público de la defensa la adopción de “medidas ejecutivas que impliquen una reducción de gastos del orden del 50 por ciento sin que implique afectación del servicio de defensa y el normal funcionamiento de las dependencias a su cargo”.
Por su parte, el Procurador General de la Nación sustituto Luis Santiago González Warcalde, firmó la resolución que dispuso “la inmediata adopción de medidas de ahorro en materia de gastos administrativos, a fin de acompañar los propósitos del Poder Ejecutivo”.
En el documento se explicó además que el Ministerio Público Fiscal “desde el año pasado viene contribuyendo a dicho objetivo, postergando la realización de gastos esenciales para su organización, e incluso para el adecuado cumplimiento de las misiones y funciones constitucionalmente asignadas”
“A partir del dictado del decreto de Necesidad y urgencia número 487/00, el Poder Ejecutivo recortó los créditos de esta jurisdicción en 2.000.000.00 (haberes del personal 1.100.000.00 y servicios no personales, 900.000.00), merma que se mantuvo en el presente ejercicio.
La Procuración señaló que “se ha contribuido a estos propósitos del Poder Ejecutivo a través de la reducción de las partidas solicitadas en el Presupuesto General de la Nación, aclarando que entre el presupuesto mínimo estimado por el Procurador y el aprobado se registró una rebaja de 28.868.533.00”, a lo que se sumó un nuevo recorte dispuesto por el PEN por un importe de 360.250.00, lo que agravó aún más la situación financiera del Ministerio Fiscal”.
La Procuración también recordó en su resolución que a la poda presupuestaria sufrida en ese ámbito se delegó la implementación de la Oficina de Investigaciones para causas cuyo autor es desconocido (NN), cargando el presupuesto de este cuerpo al Ministerio Público Fiscal y no al Poder Judicial.