Se trata de los ex capitanes de la Armada Juan Carlos Rolón, Jorge Radice y Francis Whamond cuya orden de captura había sido librada la noche del miércoles por el juez federal Claudio Bonadío, junto con las del ex jefe de la Armada Eduardo Emilio Massera, el ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge "Tigre" Acosta y el ex oficial Alejandro Spinelli, los dos primeros ya detenidos en causas por el secuestro y sustracción de identidad de hijos de desaparecidos y el tercero ya fallecido.
Además, Bonadío ordenó el arresto del contador Arnaldo Dardano y de Aldo Maver, un cuidador de caballos de carrera involucrado en los hechos, en tanto pidió el juicio político de la juez en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García para su posterior detención.
Todos ellos están implicados en el secuestro y posterior desaparición de los empresarios Conrado Gomez, Victorio Cerutti y Horacio Palma, hechos ocurridos en 1977, cuando Massera integraba la junta militar que mediante un golpe de estado había asumido el poder en el país el 24 de marzo de 1976.
De acuerdo con las constancias que obran en el expediente el 10 de enero de 1977 miembros de los grupos de tarea de la ESMA irrumpieron en el domicilio que ocupaba Gomez en la avenida Santa Fe 1713 de esta capital, llevándose secuestrado al empresario.
En ese procedimiento los militares se llevaron todo el mobiliario, electrodomésticos y "cientos de miles de dólares", documentación que se encontraba en la caja fuerte en dicho lugar y el automóvil de su propiedad.
En los días posteriores, Gomez fue "desapoderado" de varios caballos de carrera pura sangre que se encontraban en la localidad de Paso de los Libres, en Corrientes, de acuerdo con el testimonio de su hijo, Federico Gomez Miranda, relato que se ha visto reforzado por testimonios y elementos probatorios incorporados a la causa.
En torno a estas investigaciones se pudo vincular el secuestro de Gomez con los que padecieron el 11 de enero Victorio Cerutti, en la provincia de Mendoza y Horacio Palma en la provincia de Buenos Aires.
Ambos eran accionistas de la Sociedad Cerro Largo SACIA, propietaria de más de 20 hectáreas situadas en el distrito Cachas de Coria en Luján de Cuyo, una de las zonas residenciales más costosas de la provincia cuyana.
Gomez había sido el apoderado legal de Cerro Largo y durante el operativo en el cual fue secuestrado, los militares se llevaron gran cantidad de documentación relacionada a la firma. Entre mediados de enero y hasta marzo Gomez se comunicó telefónicamente con sus familiares pidiéndoles que se abstuvieran de realizar cualquier tipo de operación referida a sus bienes o sus relaciones comerciales, pero nunca más volvió a contactarse.
En el transcurso de ese período una comisión integrada por un teniente, un sargento y dos policías viajó a Paso de los Libres para “expropiar” una veintena de caballos de carrera, y su cuidador Aldo Maver, siguió cumpliendo las mismas tareas cuando Massera y sus subordinados los inscribieron en los registros de Jockey Club para que corrieran en los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata.
Respecto de los casos de Cerutti y Palma, de los elementos colectados por Bonadio surgen "indicios suficientes para sospechar que con posterioridad al día 10 de enero de 1977, luego del secuestro de Gomez, se habría sustraído diversa documentación de Cerro Largo SACIA, que la victima tenía en su poder, toda vez que representaba a dicha sociedad".
"A partir de dicho momento, también se habría logrado mediante el uso de la violencia e intimidación que Gómez, quien se encontraba privado de su libertad, dispusiera de sus bienes, y para ello se habrían realizado operaciones en las que se habría utilizado nombres supuestos, entre los que se destaca el de Juan Héctor Ríos, entre otros".
En dicha disposición intervino Dardano que "habría certificado la firma de la víctima el día 28 de enero de 1977, es decir a los dieciocho días de producida la aprehensión de Gómez y su consecuente privación de la libertad personal".
Palma y Cerutti corrieron la misma suerte y, en cautiverio, este ultimo fue obligado a poner a disposición de la organización delictiva el patrimonio social de Cerro Largo, mediante la firma de una carta de pago.
Tras la transferencia de Cerro Largo, los militares y sus cómplices constituyeron la sociedad Wil Ri SA, siendo designados síndicos suplentes el contador Mario Alberto Cédola y la actual juez García, a quien se le otorgó poder general amplio para que la represente.
La sociedad se apoderó de las tierras de Chacras de Coria, que luego mediante una operación de venta fueron transferidas a otra nueva sociedad, denominada Misa Chico S.A.
“De los elementos colectados se desprende que Emilia Marta García habría actuado en aquellas operaciones de transferencias de las sociedades y de sus patrimonio sociales, pudiéndose presumir que conocía la privación de la libertad de Gómez, Cerrutti y Palma, y en consecuencia que podría haber sido obligados a desprenderse de sus bienes”, afirmó el juez Bonadío.