Por otro lado, el tribunal de crímenes de guerra de la Organización de las Naciones Unidas que funciona en La Haya, Holanda, dispuso la designación de un defensor oficial para el imputado, quien adoptó una actitud hostil el jueves en su segunda comparecencia y se negó a la necesidad de defenderse contra lo que considera una acusación carente de fundamento.
Del Ponte, fiscal suiza que colaboró con el ex juez Adolfo Bagnasco en la causa IBM-Banco Nación, solicitó la ampliación del plazo procesal hasta comienzos de octubre para compilar las acusaciones y la lista de testigos de los crímenes de Kosovo. El pedido fue considerado por Milosevic como una muestra de que no hay pruebas contra él. "En dos años y medio no han conseguido nada”, dijo en la audiencia.
El juez Richard May votó en disidencia y rechazó la petición de la acusación fiscal de nombrar un abogado de oficio y posponer el lanzamiento del proceso judicial a la espera de que se amplíe el acta de acusación.
Por su parte, Milosevic denunció ante el TPI, al que sigue considerando ilegal, que no se están respetando sus derechos humanos y que no puede ver a su familia como los otros presos, "sin estar monitorizado por cámaras", y se quejó de ser "discriminado".
Milosevic hará publico un comunicado en el que explicará a la prensa porqué no considera legal al Tribunal Especial, después de que uno de los jueces rechazara que lo leyera en la vista. El TPI fijó la nueva sesión preparatoria del juicio para el próximo 29 de octubre con la intención de que el juicio comience en los dos primeros meses del próximo año.
Por otra parte, se decidió el nombramiento de un "amicus curiae", que se encargará de asistir al tribunal y al acusado en este proceso.
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