La causa que es sustanciada por la consejera y diputada María Lelia Chaya se inició a raíz de una denuncia efectuada por los delegados de la Procuración del Tesoro, Oscar Portabella y Reynals contra el abogado Mastronardi y Petra, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Los delegados habrían tomado conocimiento por medio de la prensa, de la existencia de una causa contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en donde habrían constatado una acción tendiente a liberar al mencionado abogado y al camarista, de pagar una multa impuesta por el BCRA.
El BCRA había fijado una multa por un monto de 115.234 pesos a cada uno, en los términos del artículo 41, inc 3 de la Ley de Entidades Financieras (21.526) por su actuación como Directores del Banco Mendoza. Los cargos que se le imputaron en aquel entonces a Mastronardi y Petra fueron, insuficiencia de previsiones por riesgos de incobrabilidad; carencias en la integración de la fórmula 3519 -distribución de créditos por cliente-; incumplimiento de requisitos sobre mantenimiento de moneda en custodia de otras entidades financieras; incumplimiento de disposiciones sobre prefinanciación y financiación de exportaciones e incumplimiento de disposiciones relacionadas con el régimen de efectivo mínimo.
Al momento de la denuncia ante el Consejo, la causa se encontraba en la etapa de apelación radicada ante la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, integrada por los jueces Otilio Romano, Juan López Cuitiño y Petra.
Otra de las cuestiones que interesa, sin que hasta ahora se hayan efectuado conjeturas al respecto, es otra causa que se tramitó contra el Estado Nacional e YPF S.A, donde Mastronardi fue el abogado patrocinante de la parte actora y el camarista Petra condenó a las demandadas a abonar un monto total, incluido el de los honorarios profesionales, superior a los 15 mil pesos.
De esta forma la Dirección Nacional de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro solicitó al Consejo de la Magistratura que investigara estos hechos y a los restantes miembros de la Cámara Federal de Mendoza quienes se inhibieron de intervenir en aquellos autos.