La respuesta a tanta dinámica fueron dos denuncias penales y, por supuesto, colas cada vez más largas y confusión en la sede del Tribunal de Faltas. Por un lado, la Asociación Favat (que nuclea a familiares y víctimas de accidentes de tránsito) hizo una presentación que quedó radicada en el juzgado criminal y correccional 5, a cargo de Elena Frilocchi, para que se investigue si los funcionarios de la Administración o los legisladoers que promuevan el aumento en los límites a la velocidad incurren en una conducta que encuadra en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por el otro, el abogado Miguel Angel Pierri pidió que la Justicia decida si los funcionarios del ejecutivo porteño cometieron los mismos delitos sumados al de asociación ilícita por implementar el denominado sistema de "Control inteligente de infracciones" que está en discusión.
El letrado sigue básicamente los argumentos vertidos por la Cámara de Faltas en el polémico fallo que puso en evidencia la crisis del sistema cuando declaró la ilegalidad e ilegitimidad de las multas fotográficas, definiendo al sistema como contrario a la legalidad y con un "evidente espíritu recaudatorio".
El Gobierno de la Ciudad, mientras tanto reafirmó sus decision de disolver el polémico tribunal basándose en lo que prescribe la Constitución de la Ciudad, así como de cobrar las multas que aún no han sido condonadas.
En el proyecto que envió a la Legislatura porteña, que mira de reojo cómo la situación pasa por sus narices, se dispone un aumento de 80 a 100 kilómetros por hora en las autopistas, de 40 a 60 en las colectoras, de 60 a 70 en avenidas de tránsito rápido como la del Libertador, Costanera o Sarmiento, y de 40 a 60 en algunas calles "con onda verde". Además, el proyecto de ley supone la delegación de facultades al Ejecutivo local para aumentar o reducir estas velocidades con amplia discrecionalidad.
Al alegar las "razones de gravedad institucional", la Cámara Contravencional estimó que "de no hacerse lugar -a la revisión de la sentencia del Tribunal de Faltas- podrían verse conculcados claros preceptos de orden constitucional, tanto de la Constitución Nacional cuanto la de la Ciudad en lo atinente a la igualdad ante la ley, la forma republicana de gobierno, el valor seguridad jurídica y las competencias propias del Gobierno Local en materia de ejercicio de poder de policía".
"Son estos valores los que justifican en el caso el apartamiento del rigor formal, puesto que lo contrario importaría caer en un rigorismo que impediría la realización del valor justicia", establecieron los magistrados de la flamante justicia contravencional que dejaron sin efecto sin atacar el fondo de la cuestión la decisión anterior de los jueces Néstor Losa y Guillermo Black, que de todas formas acataron la decisión.
Losa admitió hoy en declaraciones a la prensa que los magistrados de primera instancia de la Justicia de Faltas no tendrán como obligatorio el plenario dictado la semana pasada, aunque dejó en claro que cada caso concreto podrá ser revisado ante la alzada que él preside (y de la que es único magistrado -Black falló como conjuez-) y su opinión sobre la legitimidad de las multas fotográficas como plena prueba ya es conocida.
A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó además que la Ley Orgánica sancionada por la Legislatura "autoriza a designar en comisión, hasta tanto se lleve a cabo la selección de los jueces concursados -en la que trabaja el Consejo de la Magistratura local-, fiscales y defensores que integren de manera provisional la Cámara de Apelaciones en lo Contravencional y también para actuar en primera instancia", con lo que queda claro que el objetivo es desarmar cuando antes la Justicia de Faltas.
Según el Ejecutivo que encabeza Aníbal Ibarra, la cláusula transitoria 12 de la Constitución de la Ciudad Autónoma al establecer la creación del fuero Contravencional "desactiva como lógica consecuencia los tribunales administrativos denominados Justicia Municipal de Faltas".
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