En un escrito dirigido a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el fiscal basa su petición en la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación dolosa interpuesta por el Ministerio Público contra Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero.
La Fiscalía del Tribunal Supremo indica en su escrito que "la no suspensión de los magistrados querellados daría lugar a la sucesiva recusación" de los mismos por las partes en todas las causas que les corresponde enjuiciar.
De prosperar el pedido del fiscal, los jueces Cezón, López Ortega y Ollero, cuya decisión de abstenerse de juzgar la Operación Temple fue aprobada hoy por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, deberían apartarse también del resto de los asuntos que se tramitan en su sección.
La competencia para acordar la suspensión de los jueces corresponde al CGPJ, cuya Comisión Permanente celebrará una reunión el próximo martes en la que podría debatirse el asunto, si bien fuentes de este órgano no descartaron que la discusión se traslade al Pleno de la siguiente semana o incluso que se convoque un Pleno extraordinario para abordar esta cuestión.
Tribunal sustituto
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional admitió por unanimidad la abstención de los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal en el juicio por la denominada operación Temple, que ya ha sido señalado para el próximo 3 de marzo tras la designación de un tribunal sustituto.
La Sala manifiesta que “debe considerarse justificada la abstención de los magistrados a fin de que no se vea menoscabada la necesaria apariencia de imparcialidad de los componentes del tribunal”
De este modo, ahora los magistrados Francisco Castro Meije, Angela Murillo Bordallo y José Ricardo de Prada Solaesa serán quienes juzgarán a los 37 procesados, según han informado fuentes judiciales .
Los jueces que pusieron en libertad al presunto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, conocido como “El Negro”, acordaron el último lunes abstenerse de juzgar la operación, en la que fueron incautadas más de diez toneladas de cocaína, después de haber celebrado dos sesiones del juicio.
La decisión de los magistrados se produjo días después de que la Fiscalía Antidroga promoviera contra ellos un expediente de recusación acogiéndose a la propuesta de abstención voluntaria en esta causa, que también les propuso la Fiscalía con el fin de evitar la tramitación de dicho expediente.