Los fiscales habían pedido también que declare como sospechoso el ex presidente del Banco Central Roque Macarrone, lo que al cierre de esta edición fue aceptado por la juez.
En el escrito, Comparatore advierte “la íntima relación” de los ex funcionarios sospechados con “la hecatombe político financiera provocada por las medidas que en la materia se adoptaran durante su gestión última”.
Por eso, el Ministerio Público pide que Cavallo y Maccarone “sean oídos a los efectos de contar con los descargos pertinentes”, para “dirigir la pesquisa a la producción de diligencias de relevancia específica”.
Además, Comparatore pidió a la juez que ordene a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General “la confección de un amplio informe donde se evalúe el impacto financiero que han producido las medidas económicas adoptadas durante la gestión del ex presidente De la Rúa”, tanto como la influencia de las mismas “en los distintos sectores de la economía nacional”.
Esta iniciativa de los fiscales marca una suerte de “reingreso” del Ministerio Público a la causa que instruye Servini por presunta infracción al artículo 6to. de la Ley 20.840, que encuadra el delito de “subversión económica”.
Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, las divergencias entre Servini y los fiscales provocaron que la juez pidiera al Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, la designación de un fiscal especial para avanzar en las imputaciones al gerente general del Banco General de Negocios, Carlos Rohm, que fue indagado en la tarde del viernes y finalmente quedó detenido.