Para la AMyFJN “se advierte que se intenta, como en los momentos de ruptura del orden constitucional, vaciar el Poder Judicial y los Ministerios Públicos de un importantísimo número de sus integrantes legítimamente designados, por medio del atajo, en esta ocasión, de un proyecto para cesar en sus funciones a quienes no las han resignado. El proyecto que se ha remitido al Parlamento con la firma del señor Presidente y del Ministro de Justicia, no pretende modificar un sistema a futuro, sino obtener vacantes por la vía de una jubilación forzosa que sortea las normas que regulan la inamovilidad en las funciones de Justicia Nacional”.
El comunicado de la entidad que reúne a jueces y funcionarios judiciales nacionales, firmado por su presidente, Juan Carlos Fernández Madrid, y su secretaria general, Lidia Soto; agrega que “una pretensión como ésa despierta la sospecha de que el poder político persigue, cuanto menos, recrear una justicia en un ámbito que resulta impropio para su funcionamiento como poder independiente que garantice a los ciudadanos la libre y eficaz protección de sus derechos”.
Respecto de los pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema, la AMyFJN destacó que “no es causal de remoción el contenido de las sentencias judiciales. Así se ha manifestado la Unión Internacional de Magistrados al afirmar que los jueces no pueden ser removidos por sus sentencias salvo que constituyan delito, todo lo que encuentra sustento en los documentos, normativas y jurisprudencia nacional e internacional sobre independencia judicial”.