A través de un comunicado, el organismo manifestó que estas garantías en la Argentina se ven actualmente afectadas, entre otras cosas, “por manifestaciones públicas de prejuzgamiento que incluyen la sentencia final de remoción por quienes, precisamente, están encargados de llevar adelante el proceso respectivo”.
Además, opinaron que resulta “inquietante” la remisión al parlamento de proyectos de ley para cesar en sus funciones a los jueces en condiciones de jubilarse sin que medie su renuncia.
Desde Asunción del Paraguay, sede del encuentro del que participaron los jueces argentinos Juan Carlos Fernández Madrid, Sergio Dugo, Francisco de Asís Soto y Luis María Cabral, se afirma que constituye motivo de preocupación la pretensión de obtener vacantes por la vía de una jubilación forzada que, por la cantidad de magistrados que alcanzaría, “despertaría una fundada sospecha” de que el poder político persigue “recrear una justicia a medida”.
De esta forma, el grupo formado por representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, España, México, Paraguay, Portugal, Puerto Rico y Uruguay, anunció su rechazo a todas las iniciativas “que se oponen a los postulados de la independencia judicial”.
En ese sentido, puntualizaron que pondrán en conocimiento del Comité de Presidencia del Unión Internacional de Magistrados, y a su Consejo Central “de la situación de la Judicatura Argentina”, como así también anunciaron que adoptaran las medidas necesarias para que en caso de ser necesario intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Comité para el Resguardo de la Independencia Judicial de las Naciones Unidas.