Además, el Ministerio Público pidió la indagatoria del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo; el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx y también los ex funcionarios de Economía Federico Strzenegger, Guillermo Mondino y Julio Dreizzen. A todos, les imputan el presunto delito de fraude contra la Administración Pública , según los contemplado en el artículo 173 del Código Penal.
Por el mismo delito, los fiscales reclamaron la indagatoria de un amplio grupo de funcionarios y directivos de bancos. Entre los funcionarios, ubicaron a todos lo que, en los días previos de entrada en vigor del polémico decreto, mantuvieron reuniones en el Ministerio de Economía con los funcionarios sospechados. En el grupo de los directivos, los fiscales apuntan a los presidentes de los bancos nacionales e internacionales que participaron del Megacanje: Galicia, Santander, Francés, Credit Suisse First Boston, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney.
Pero la frutilla del postre de este grupo de banqueros es David Mulford, ex segundo del Tesoro de los Estados Unidos y amigo personal del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Con estas indagatorias, los fiscales Freiler y Delgado cubren todos las irregularidades que, sostienen, se verificaron hasta ahora en el masivo y millonario canje de titulos de la deuda, aunque sostienen que se trata de una causa de “dimensiones faraónicas”, que “promete ampliarse”.
Por un lado, los fiscales aseguran que en esta operación de canje se violaron los mecanismos de control del Ministerio de Economía. “No fue una simple resolución del secretario de Hacienda –como en canjes anteriores- sino que partió directamente desde el máximo responsable de la administración pública, Fernando De la Rúa”.
Los fiscales aseguran que “en la metodología que tiñó a la operación en su conjunto, se soslayaron y violentaron las normas que reglan este tipo de operaciones”. “Los métodos irregulares tiñeron todos y cada uno de los pasos que demandó concretar la operación”, sostienen.
En el expediente declararon como testigos varios funcionarios de carrera del Ministerio de Economía que “tenían experiencia en operaciones de reestructuración de deuda” y aseguraron que “se llenaron de extrañeza” porque los precios se arreglaron directamente con los bancos.
Precisamente, el capítulo de los precios es el segundo elemento que, para los fiscales, constituye la segunda gran irregularidad. Por el Megacanje, los bancos y otros intermediarios cobraron una comisión de canje del 0.55% y gastos de registración en el orden de los 5 millones de pesos. Para Freiler y Delgado, “el enorme volumen involucrado” en la operación “indicaba que deberían haber estado en valores inferiores al 0,55 % pactado”.
Pero además, la operación no es cuestionada sólo por la forma en que se concretó y los altos intereses. Para el Ministerio Público, la operación investigada constituye una de las peores lesiones a la integridad patrimonial del Estado, consecuencia directa del crecimiento exponencial de su pasivo traducido en deuda externa”. Antes del Megacanje, Argentina debía en concepto de intereses 82.249 millones de pesos, y ahora, Megacanje mediante, pasó a 120.650 millones.
Para los fiscales, la conducta de los sospechados “no responden a la falta de tino, capacidad, preparación o a una interpretación errada de condiciones de oportunidad, mérito y/o conveniencia de los actores de la maniobra, sino que fueron conscientemente ejecutadas con pleno conocimiento de las irregularidades administrativas necesarias para consumar el grave fraude financiero investigado”.