El decreto alude a que la tarea de la SIDE está considerada por ley como “estrictamente secreta y confidencial”, pero advierte que “los valores éticos y jurídicos vulnerados por el atentado a la A.M.I.A. son de identidad similar a los a los que tutelan” las normas que disponen el silencio de los agentes aún cuando cesen en sus funciones.
Además, indica que “ha sido largamente testimoniada la voluntad política del Gobierno Nacional, sin claudicaciones de ninguna índole, para facilitar en todo cuanto estuviere a su alcance la acción de la Justicia, a fin de arribar al completo esclarecimiento” del atentado.
En su apartado resolutivo, se incluye la orden directa del presidente Duhalde a Anzorreguy para apartarlo de la obligación –sólo en este caso- de guardar silencio y se dispone que el actual secretario de Inteligencia, Carlos Soria, haga lo mismo respecto a los agentes retirados y en actividad que están citados a declarar en el juicio.
Por la sala de audiencias del sótano de los tribunales de Comodoro Py deberán pasar en los próximos meses, además de Anzorreguy, una docena de agentes algunos de los cuales fueron sancionados en un sumario interno de la SIDE realizado durante la gestión al frente del organismo del radical Carlos Becerra, ordenado a propósito de la labor de funcionarios del organismo durante la investigación del atentado.
Entre ellos se cuenta al ex jefe de la “Sala Patria” de la SIDE, Patricio Pfinnen y su rival interno, el jefe del llamado “Grupo 85”, Jaime Stiusso. También están citados –entre otros- dos colaboradores directos de Anzorreguy, Rodrigo Toranzo y Jorge Igounet, y dos de los principales investigadores del caso, Jorge Lucas y Alejandro Brousson.
Conocido el decreto presidencial, el tema repercutió en la audiencia del juicio, donde siguieron declarando bomberos que participaron en las tareas de rescate tras el atentado. Paradójicamente, la decisión fue bien recibida tanto por querellantes como por defensores. El abogado de Carlos Telleldín, Luis Sasso, dijo a Diariojudicial.com que la medida es “altamente saludable, no solo para la causa sino para el funcionamiento de la República” y remarcó que “Telleldín está convencido de que esta causa requiere la búsqueda de la verdad” y no descartó que los temas sobre los que declararan los agentes puedan coincidir, “en alguna medida” con los temas que Telleldín abordará en su inminente declaración indagatoria, prevista para fin de mes.
Para la abogada de la DAIA, Marta Nercellas, la decisión presidencial es “absolutamente oportuna, porque estos agentes estuvieron desde el principio de la investigación y pueden contarnos algunas cosas que en el expediente no aparecen con claridad”, entre las que incluyó “algunos teléfonos y algunas direcciones que se investigaron y no surge del expediente cómo aparecieron”.
Desde la defensa de Juan José Ribelli, el abogado José Manuel Ubeira, consideró como “un triunfo de la democracia” la habilitación presidencial. “Por primera vez en un juicio se levanta el secreto de los agentes de la SIDE”, remarcó, y recordó que el pedido original ante el tribunal surgió desde la defensa que encabeza.
Sin embargo, Ubeira adelantó que “van a cuestionar seriamente” el decreto, en lo relativo al artículo 3 de la parte resolutiva, que dispone que el levantamiento del secreto no incluye revelar “actos, o hechos que involucren a ciudadanos de terceros Estados o relacionados con servicios de inteligencia extranjeros”.
“Detrás de esta limitación está Kalil Gathea, funcionarios iraníes y una serie de personas ligadas al atentado que son extranjeros”, advirtió el defensor. Kalil Gathea es un ciudadano iraní que intentó salir del país con un pasaporte falso poco antes del atentado y para algunos investigadores del caso podría formar parte de una “célula dormida” del fundamentalismo musulmán. Además, tomado en un sentido estricto, este artículo no permitiría a los agentes de la SIDE hablar sobre las investigaciones hechas en torno al ex agregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires, Moshen Rabbani, sospechoso número uno de la conexión internacional que sigue investigando el juez Juan José Galeano.
También criticó esta limitación uno de los abogados querellantes por Memoria Activa, Pablo Jacoby: “Sólo podemos preguntar sobre connacionales en un atentado que obviamente tiene un ingrediente internacional, parece un mensaje esquizofrénico”.
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