El magistrado, quien investiga la causa junto a los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan, recibió dos anónimos en los que se mencionaba la necesidad de investigar "al director Canitrot", en referencia a Adolfo Canitrot, ex integrante del equipo económico durante la gestión de Raúl Alfonsín y actual miembro del directorio del Banco Nación.
A raíz de las denuncias, que fueron dejadas en los despachos del juez y los fiscales en los tribunales federales de Comodoro Py, Bonadío ordenó el allanamiento de la sede del Banco Nación.
El operativo judicial se realizó en el marco de la causa en que se investiga la conducta de la ex directora del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Mónica Almada, imputada de haber precancelado un plazo fijo 315 mil dólares, horas antes de la entrada en vigencia del denominado "corralito".
En ese sentido, Almada se presentó espontáneamente el 1 de marzo pasado ante Bonadío, quien la investiga, entre otros presuntos delitos, por "violación de secreto".
En esa oportunidad, Almada negó haber incurrido en ese delito y explicó que la precancelación del plazo fijo sería “una operación permitida” ya que se trata de un movimiento “que no está prohibido porque forma parte de la relación banco-cliente”.
El 28 de noviembre, la ex directora del Banco Ciudad creó un plazo fijo por 315 mil dólares por el término de 30 días, pero imprevistamente, dos días después y fuera del horario bancario, a las 20, canceló el depósito y retiró en su totalidad la suma de dinero.
El juez Bonadío intenta determinar si la funcionaria “contó con algún dato o información a la que habría tenido acceso en virtud de su cargo y sus conexiones al más alto nivel de gobierno” que le permitió retirar sus depósitos.
Las actuaciones comenzaron a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción en donde se presumía que la información “pudo haber provenido de las más altas esferas del gobierno o de las autoridades económicas” de ese momento. Por eso, de esa oficina se solicitó pidió que se investigue a los presuntos funcionarios que puedan haberle acercado la información clave en el momento justo, que quedarían expuestos a un proceso por violación de secreto, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de información de carácter reservado.