Según las explicaciones que brindó, la precancelación del plazo fijo sería “una operación permitida” ya que se trata de un movimiento “que no está prohibido porque forma parte de la relación banco-cliente”.
Almada arribó a Tribunales para realizar una presentación espontánea ante el juez federal Claudio Bonadío en la que hizo,según las fuentes, un “relato pormenorizado” sobre los hechos por las que se la investiga.
El 28 de noviembre, la ex directora del Banco Ciudad creó un plazo fijo por 315 mil dólares por el término de 30 días, pero imprevistamente, dos días después y fuera del horario bancario, a las 20, canceló el depósito y retiró en su totalidad la suma de dinero.
El juez Bonadío intenta determinar si la funcionaria “contó con algún dato o información a la que habría tenido acceso en virtud de su cargo y sus conexiones al más alto nivel de gobierno” que le permitió retirar sus depósitos.
Almada esta acusada de “violación de secreto”, entre otros presuntos delitos. Sin embargo, la ex directora negó haber incurrido en ese delito. la denuncia en su contra fue impulsada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido. Los fiscales de la causa, Oscar Amirante y Guillermo Marijuan, pidieron la indagatoria de Almada, pero el juez prefirió demorar el trámite hasta analizar la información que secuestró en un allanamiento que ordenó en el Banco Ciudad.
Los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuán impulsan la investigación a partir de la denuncia del titular de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, quien se basó en los artículos periodísticos que dieron cuenta del hecho, los que precipitaron la renuncia de Almada.
Para Garrido, la información “pudo haber provenido de las más altas esferas del gobierno o de las autoridades económicas” de ese momento. Por eso, la Oficina Anticorrupción pidió que se investigue a los presuntos funcionarios que puedan haberle acercado la información clave en el momento justo, que quedarían expuestos a un proceso por violación de secreto, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de información de carácter reservado,