24 de Diciembre de 2024
Edición 7118 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 26/12/2024

Conciliación al más alto nivel

Al fracasar la segunda audiencia entre San Luis y el Estado Nacional, la Corte Suprema elaborará una propuesta para destrabar la situación de los depósitos provinciales.

 
La Corte Suprema de Justicia elaborará una propuesta de conciliación luego de fracasar por segunda vez la audiencia entre el Estado Nacional y San Luis, en donde la provincia reclama los 234 millones de dólares que permanecen dentro de los alcances del corralito financiero.

El presidente del Máximo Tribunal, Julio Nazareno, le informó a las dos partes que serán los ministros los que le entregarán al Poder Ejecutivo Nacional y al estado provincial una propuesta de posible solución al litigio que existe por las reservas puntanas que fueron alcanzadas por las normas del decreto 1570/01, que congeló la libre disponibilidad de los depósitos del sistema bancario.

En el encuentro, que comenzó pasadas las 11 horas, el primero en hablar fue el letrado de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, quien volvió a la carga para solicitar que desde el Estado Nacional le entreguen los depósitos provinciales en el plazo de “un presupuesto y medio”.

“Nosotros estamos dispuestos a conciliar, esta propuesta es la mejor para todos, de esta forma nos darían el tiempo necesario para reordenar nuestras cuentas”, manifestó el ex senador y hermano del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá.

En tanto, alertó que con la profundización de estos problemas se corre el riesgo de que se desintegre “el pacto federal” y remarcó que el secretario de la Presidencia Aníbal Fernández tuvo una actitud de amedrentación hacia la gobernadora puntana, Alicia Leme, quien también formó parte de la fallida audiencia.

La defensa del PEN volvió a estar en manos del Procurador del Tesoro Nacional, Rubén Citara, quien en igual posición al último lunes descartó la propuesta de la provincia, por considerar que no se apegaba a las leyes que están “en vigencia”.

En ese sentido, sostuvo que en la Constitución de San Luis se menciona que la provincia es una parte más de la República Argentina y agregó que por ese hecho San Luis debe apegarse a “las leyes de la nación”.

Asimismo, afirmó que no estaba dispuesto en su carácter de representante del Estado a aceptar condiciones o formas que “no se apeguen al marco legal vigente”, y recalcó que la Carta Magna “es la única reguladora de las acciones que se deben seguir”.

A su vez, destacó el gran esfuerzo que se esta haciendo desde el Máximo Tribunal para encontrarle soluciones a las discusiones entre las partes y se esperanzó que los ministros van a elaborar una propuesta que se apegue a las normas vigentes.

Por su parte, la gobernadora Leme subrayó que desde la provincia se quiere poder mantener su autonomía al tiempo que resaltó la necesidad de la gobernación de disponer con libertad de “sus bienes”.

Del encuentro que se desarrolló en el cuarto piso del edificio de Talcahuano 550, estuvieron ausentes el ministro de Economía Jorge Remes Lenicov, y los titulares de los Bancos Central, Mario Blejer y Nación Enrique Olivera.

En cambio, asistieron el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Eduardo Ratti y otros funcionarios de segunda línea. Por el lado de San Luis estuvo presente el jefe de Hacienda Claudio Poggi.

El reclamo de la provincia se tramita ante la Corte como juicio originario y pretende que se le permita extraer al Ejecutivo puntano la suma de dólares que fue depositada en el Banco Nación como reservas presupuestarias acumuladas en los últimos años durante el período del ex gobernador y presidente Adolfo Rodríguez Saá.



dju / dju
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