Se prevé que en representación del Poder Ejecutivo Nacional asistan al encuentro el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, el procurador del Tesoro Nacional, Rubén Citara, y los titulares del Banco Central, Mario Blejer y el del Nación, Enrique Olivera.
Por su parte, en representación de San Luis asistirán la gobernadora Alicia Leme, el abogado y ex senador Alberto Rodríguez Saá y demás autoridades del estado puntano.
Los ministros decidieron convocar a una nueva audiencia luego de que la última semana los representantes de cada una de las partes no llegaran a un acuerdo sobre la forma en que se resolvería la situación de los fondos provinciales alcanzados por el decreto 1570/01, que impuso el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
El fracaso de la audiencia se produjo cuando Citara, comentó ante los presentes que desde el Estado “no se conocían cuáles eran los contenidos” de la demanda que había interpuesto la provincia ante el supremo cuerpo de Justicia.
Momentos cuando Rodríguez Saá, calificó de “gran estafa” al corralito y denuncio que con esas y otras medidas se buscaba “beneficiar” a los grupos económicos.
Además, el abogado puntado solicitó que el Banco Nación devolviera los depósitos a la provincia y apuntó que de no hacerlo se cometería el presunto delito de “retención indebida”.
“Con estas medidas sólo se beneficiaron los banqueros, y las grandes empresas”, sentenció Rodríguez Saá, quien remarcó que todos los que se ven salvados por estas medidas son desconocidos para el común de la gente.
Por su parte, Citara aseveró que no podía dar una opinión sobre el pedido de Rodríguez Saá ya que desconocía por completo los contenidos de la presentación y que ante este hecho no podía negociar nada por respeto “a su cliente”, el Estado Nacional, e indicó que el verdadero depósito de la provincia era de 350 millones de pesos.
Tanto Citara como el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, coincidieron en que los dichos del defensor de San Luis no eran ciertos y el procurador fue más lejos cuando solicitó la desgrabación completa de la exposición de la provincia y aclaró que el Estado se reservaba el derecho se accionar por el contenido de esas afirmaciones.
Semanas atrás el Máximo Tribunal estudió una presentación del Banco Central que se refería a la situación de los recursos financieros. De acuerdo con los trascendidos que habían circulado, el BCRA habría alertado sobre la situación que provocaría un fallo de la Corte que obligue al gobierno a reintegrar en su totalidad los 247 millones de dólares reclamados por San Luis, forzando a la emisión de moneda más allá de los cálculos previstos para el ejercicio actual.
El reclamo de la provincia se tramita ante la Corte como juicio originario y pretende que se le permita extraer al Ejecutivo puntano la suma de dólares que fue depositada en el Banco Nación como reservas presupuestarias acumuladas en los últimos años durante el período del ex gobernador y presidente Adolfo Rodríguez Saá.
También, se prevé que se ajusten mucho más las medidas de seguridad, a raíz de que en la última audiencia el ministro Remes Lenicov debió dejar la sala corriendo cuando fue increpado duramente por un grupo de ahorristas que realizaron un cacerolazo dentro del Palacio de Justicia.