04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Piqueteros en Comodoro Py

Luis D’Elia y Juan Carlos Alderete le dijeron al juez Oyarbide que hubo una “zona liberada” en la provincia de Buenos Aires para favorecer los saqueos y responsabilizó a Carlos Ruckauf y Juan José Alvarez.

 
“Todos vimos a militantes de los aparatos políticos de (Fernando) De la Rúa, (Carlos) Ruckauf, (Carlos) Reutemann, (José Manuel) De la Sota y (Sergio) Montiel operando en coches particulares y alentando el enfrentamiento barrio contra barrio”, durante los días previos a la caída del gobierno aliancista, aseguró el dirigente de la CTA y diputado provincial Luis D’Elia ante el juez federal Norberto Oyarbide.

En una conferencia de prensa posterior a la declaración, D’Elia aseguró que “las policías de la Capital y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos habilitaban zonas liberadas y desprotegían deliberadamente a los comercios minoristas”.

Además, el dirigente piquetero remarcó que, “se trasladó gente de sectores humildes reclutadas en unidades básicas a zonas como Ramos Mejía, para llevar adelante saqueos en comercios minoristas.

D’Elia y el dirigente de la Corriente Clasista y Combativa Juan Carlos Alderete declararon como testigos ante el juez federal Norberto Oyarbide, en una nueva semana de desfile de personajes en la causa donde se investiga si hubo un complot para terminar con el gobierno de Fernando De la Rúa.

Fuentes de la causa confirmaron a Diariojudicial.com que en la declaración, donde estuvo acompañado por sus abogados, D’Elia dijo; “no me cabe duda que los responsables –de la situación caótica en Buenos Aires- son Ruckauf y (el actual secretario de Seguridad de la Nación) Juan José Alvarez”.

Luego, ante los periodistas, remarcaron que en aquellas jornadas hubo “17 muertos en la provincia de Buenos Aires, más de 500 heridos, más de 1.000 procesados en todo el país, más de 5.000 comercios minoristas destruidos y ningún responsable”.

A pesar del tenor de la denuncia, que involucra principalmente al Gobierno y la Policía de la provincia de Buenos Aires, Alderete aclaró que “no les consta” que haya existido una conspiración.

En tanto, el juez Norberto Oyarbide aceptó un pedido del ex presidente Carlos Menem para contestar las preguntas del magistrado sin moverse de la provincia de La Rioja. Para eso, Oyarbide envió un exhorto al juez federal de ese distrito, Enrique Chumbita, para que interrogue al ex mandatario.

En el juzgado, explicaron que las preguntas para Menem girarán en torno a las declaraciones que realizó el ex presidente en el diario chileno El Mercurio, donde abonó la teoría el complot en la caída de De la Rúa. “Además, se le pedirá que cuente toda otra circunstancia que puede ser de interés para la causa”, explicaron las fuentes.

Además, Oyarbide le envió por escrito un pedido al fiscal de la causa, Carlos Stornelli, para que se pronuncie sobre la conveniencia o no de ampliar la investigación también a la salida del gobierno de Adolfo Rodríguez Sáa. Las fuentes confirmaron que “de las declaraciones de Patricia Bullrich y Domingo Cavallo” se desprende que el efímero presidente también podría haber caído víctima de un complot.

Pero a pesar que la causa sigue sumando testimonios de personajes y también de anónimos que “se acercan espontáneamente al juzgado”, el mismo juez Oyarbide admite que la causa esta “bastante lejos” de las imputaciones.

"Estamos bastante lejos de esa situación y habrá que ver si verdaderamente llegamos a ese punto", admitió ayer en declaraciones radiales, y remarcó que "no tiene definidos imputados" ni los tiene "el requerimiento del fiscal”.

Además, el magistrado indicó que “hay una serie de material probatorio que se está tratando de obtener desde la provincia de Buenos Aires", en referencia a los oficios enviados la semana pasada a la Procuraduría provincial, para obtener información que confirme o desmienta la presunta existencia de "zonas liberadas" en el Gran Buenos Aires.

Mañana esta previsto que declaren el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo.



dju / dju
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