Fuentes judiciales confirmaron que, de cualquier forma, y al igual que otros ex integrantes del gabinete de De la Rúa, como Nicolás Gallo, el efímero ministro de Economía delarruísta abonó –aunque sólo con datos públicos- el supuesto entendimiento entre radicales y peronistas previo a la caída de De la Rúa.
López Murphy dijo en la audiencia que le llamó la atención “un dato curioso”, en referencia a las campañas de los candidatos en las elecciones de octubre de 2001. “El radicalismo no cuestionaba lo que se había hecho mal en la provincia de Buenos Aires, pero si criticaba al gobierno nacional”, destacó.
“Después, me di cuenta que oficialistas y opositores en ese momento son la coalición gobernante ahora”, sugirió.
Sin embargo, para los investigadores la declaración del ex ministro no aportaría datos importantes a la investigación. En rigor, López Murphy no hizo más que otros ex integrantes de la administración delarruísta que ya declararon: especular sobre la conspiración sólo en base a recortes periodísticos.
Por otra parte, mañana debe declarar el senador y ex presidente provisional Ramón Puerta y se confirmó que el próximo lunes declarará la dirigente del Frepaso Graciela Fernández Meijide, quien estaba citada para ayer miércoles y no concurrió porque estaba “engripada”.
Además, quedó firme para el próximo martes la declaración testimonial del ex presidente Adolfo Rodríguez Sáa. El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, debe decidir si formula requerimiento para ampliar la investigación también hacia la semana que gobernó el país el dirigente puntano.
Mientras tanto, el juez Oyarbide le pidió a la Secretaría de Inteligencia del Estado que le informe qué directores de ese organismo trabajaron en el monitoreo de la situación social en las jornadas de diciembre. No tuvo suerte: la SIDE le contestó que, de acuerdo a la ley secreta 25.520 los agentes no pueden revelar información.