Se trata de doce funcionarios del organismo recaudador que tenían a su cargo el control de los créditos fiscales, y por los cuales el Estado Nacional le entregó a Casa Piana , luego de realizadas las operaciones, entre 1993 y 1995, títulos por un valor estimado en los 16 millones de dólares, que la financiera vendió luego al Banco Quilmes.
Según se pudo saber de fuentes judiciales, Ballestero había dictado en su momento la falta de mérito para esos funcionarios con poder de decisión dentro de la DGI, pero luego de la apelación fiscal, la Sala Segunda de la Cámara Federal ordenó que el magistrado resuelva la situación procesal de los imputados, que ahora convirtió en sobreseimiento por insuficiencia de pruebas.
Osorio, en cambio, sostiene que a lo largo de todo el expediente existe prueba suficiente para demostrar que el ente no efectuó los controles necesarios sobre las exportaciones de oro manufacturado que en 1994 alcanzaron al 67 por ciento del total de las exportaciones de metales de la Argentina, a tal punto que en mayo de 1995 casa Piana, desde registros casi inexistentes en la materia, llegó a realizar operaciones por 25 millones de dólares.
La medida dictada por Ballestero benefició a Luis Alberto Sanpedro, Rafael Báez, Raúl Avelino Ferreiro, Marcela Modugno, Alicia de Mustoni, Silvia Abritta, Alejandra Avila, Hector Sosa, Roland Monitelli, Rubén Borsella y Marcelo Ramos.
Las operaciones mencionadas y que son el eje de la causa judicial consistían en la exportación de oro con un mínimo de manufacturación y por cifras varias veces millonarias, por las cuales se cobraban reembolsos en concepto de IVA, previa presentación de la nómina de las empresas que habían intervenido en el proceso, ya que no abarcaba al metal precioso en lingotes.
Según la investigación fiscal, estos funcionarios le entregaron al Grupo Piana devolución de créditos fiscales por al menos 16 millones de dólares, previa presentación del listado de proveedores, por lo que el Estado pagó esa suma sin que esas empresas hubieran intervenido en la manufactura declarada.
A la DGI le demandó seis meses verificar esos créditos y además dejó caer el seguro de caución, según explicó el representante del Ministerio Público a Diariojudicial.com ante una consulta en ese sentido.