El abogado Alberto Zuppi, apoderado del Estado alemán, confirmó a Diariojudicial.com que los camaristas Amelia Berraz de Vidal, Gustavo Hornos y Ana Capolupo de Durañona y Vedia hicieron lugar al pedido formulado el 20 de marzo último, cuando por primera vez un Estado extranjero recurrió hasta la última instancia judicial para lograr una extradición por crímenes de lesa humanidad.
El proceso de extradición quedó trabado en su momento por la aplicación del decreto 1581/01 firmado por Fernando De la Rúa, en el cual se resolvía de antemano que Argentina no accedería a pedidos de extradición de nacionales a terceros estados.
En el escrito cuya aceptación por parte de la Cámara causó sorpresa incluso en los cuarteles de la querella, Zuppi planteó –entre otras cosas- la inconstitucionalidad del decreto de indulto dictado por Carlos Menem en 1991, que incluyó a Suárez Mason, quien sin embargo no había sido condenado, y sólo estaba procesado por su responsabilidad al frente del cuerpo del ejército que tenía jurisdicción en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
También se planteó la inconstitucionalidad del decreto donde Fernando De la Rúa advierte a los jueces que los planteos de extradición no deben prosperar. “Ese decreto va en contra de la Convención de Ginebra y la Convención contra la tortura, que en nuestro país tiene rango constitucional”, aseguró el representante del Estado alemán.
En su fugaz paso por la Secretaría de Justicia durante el interinato de Adolfo Rodríguez Sáa, Zuppi anunció la derogación del decreto y produjo una interna pública en el gabinete de ministros cuando el entonces titular de las carteras de Interior y Defensa, José María Vernet, salió a descalificar la iniciativa.
Elizabeth Kaesemann, una estudiante de ciencias económicas de treinta años, fue secuestrada entre el 8 y el 9 de marzo de 1977 por fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Suárez Mason y luego asesinada en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires. El cadáver de la joven fue entregado a su padre, un teólogo alemán ya fallecido, dos meses después de su desaparición, tras exigirle treinta mil dólares.