La denuncia apunta a establecer una presunta "conducta ilícita en que habría incurrido el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional, doctor Eduardo Duhalde, miembros de la Administración Pública Nacional y del Banco Central de la República Argentina, al dictar o avalar, en su caso, diversas normas referentes al sistema financiero y cambiario".
El fiscal federal Eduardo Freiler dictaminó que se inicie una investigación para que se determine la responsabilidad de Duhalde y sus ministros, por haber infringido presuntamente "preceptos constitucionales que tutelan los bienes jurídicos propiedad, paz y dignidad de la Nación y la administración pública".
Las denuncias que deberán ser investigadas por Servini de Cubría apuntan a la presunta inconstitucionalidad de las distintas normas promulgadas durante el actual gobierno, y el fiscal Freiler incluyó en su pedido el decreto 1316/02 por el cual se suspendió esta semana la ejecución de los amparos judiciales por 120 días.
Además de Duhalde, los denunciantes requirieron que se investigue las responsabilidad de los ex ministros Jorge Capitanich, Jorge Remes Lenicov, José Ignacio de Mendiguren , Jorge Vanossi, Graciela Giannettasio, y los actuales Carlos Ruckauf, Gines González García y Alfredo Atanasof.
Ambas presentaciones fueron interpuestas por Fernando Pablo Bajos y Maria Regina Ormaechea, el pasado 7 de mayo y el 15 del mismo mes respectivamente, y el fiscal Freiler elevó su dictamen ayer. Los denunciantes son ahorristas de los bancos BankBoston y Río.
Entre las distintas medidas requeridas por Freiler, éste pidió que se solicite a ambas entidades "toda la documentación" referida a los depósitos de ambos ahorristas que, en el caso de los de Bajos refieren a tres plazos fijos por 63.196, 58.224 y 58.224 dólares que quedaron atrapados por el corralito en el Boston, mientras que Ormaechea reclama por 24.000 dólares que quedaron en un plazo fijo en el Río.
Asimismo, requirió que se libre oficio al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina solicitando la remisión de copia certificada de los expedientes que dieron lugar al dictado de los decretos 540/95, 1570/01, 71/02 y 214/02, 260/02, 320/02, 410/02, 471/02, 762/02 y 905/02, así como también la resolución del Ministerio de Economía 46/02 y la Comunicación A3467 del BCRA.
Por otra parte, requirió en el mismo sentido el decreto 1316/02, que "podría guardar relación con los hechos" objeto de la investigación.
Por parte, requirió se libre oficio a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación para que le remita copia certificada de las versiones taquigráficas de las sesiones en las que fueron tratadas las leyes 24466, 25561 y 25587, así como también los dictámenes de comisión respectivos.