El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó hoy el procesamiento del Comandante Mayor Jorge Villalba quien hasta el momento de descubrirse la maniobra se desempeñaba como Jefe de Agrupaciones Unidas Operativas de Campo de Mayo, y de los comandantes Roberto Esper, ex jefe del Escuadrón Seguridad Vial Autopistas y Fabián Barandegui.
Los ex jefes de la Gendarmería fueron procesados por los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y malversación de caudales y falsificación de documentos públicos (arts 278, 263 en función del 261 y 293 del Código Penal).
Asimismo, el magistrado procesó por los mismos delitos al suboficial principal Carlos Alberto Lazzarini, al primer alférez Roberto Diego Villalba, hijo del comandante, y al agente de Aduana Julio Daniel Arceredillo.
Los altos oficiales de Gendarmería Nacional habían sido detenidos el pasado 18 de julio por su participación en la maniobra por la cual se simuló la incineración de miles de paquetes de cigarrillo ingresados al país de contrabando, a los que el juez en lo Penal Económico Jorge Brugo, a cargo de aquella causa, había ordenado destruir, tras permanecer en un depósito aduanero y a cuyo juzgado estaba adscripto Arceredillo.
En su resolución, el juez Canicoba Corral dio por "acreditado que las cajas de cigarrillos fueron retiradas de Campo de Mayo en varias oportunidades en camiones de la Gendarmería y particulares, los cuales salieron del ejido de la Guarnición, ocultándose dicha maniobra mediante la confección de actas cuyo contenido no se condice con lo que realmente ocurrió y aprovechando el carácter de sus cargos, para evitar así el control de la guardia existente en la puerta", en referencia a los jefes involucrados en la maniobra.
Por otra parte, el magistrado dispuso la libertad de Mario López , chofer de uno de los camiones utilizados para el transporte de la mercadería, a quien proceso por encubrimiento.
Asimismo, trabó embargo sobre los bienes del comandante Villalba por 500 mil pesos; 200 mil a Esper, Barrandeguy y Arceredillo; 100 mil para el alférez Villaba; 70 mil para Lazzarini y 20 mil para López.
La denuncia, fue radicada por el comandante Pablo Silveyra, Hugo Miranda, quien consignó que el 3 de abril de 2002 ingresaron a la Guarnición de Campo de Mayo 2000 cajas de 50 cartones de cigarrillos cada una, iniciándose ese mismo día su destrucción que fue presenciada por las autoridades de la Fuerza, pero a los pocos días ese proceso se interrumpió.
En ese sentido, el 6 de junio último Canicoba Corral allanó Campo de Mayo para buscar documentación y allí comprobó que en el libro de novedades constaba el ingreso de un camión que habría cargado los cigarrillos.
Según había sostenido el denunciante, el jefe de la Agrupación Unidades Operativas, Villalba, quien además era la máxima autoridad de la Guarnición, obtuvo de parte del Director Nacional de Gendarmería, Comandante General Hugo Miranda, una orden para que el oficial a cargo de la destrucción le delegara esa responsabilidad y le entregara los cigarrillos que no habían sido destruidos.
Días después comenzaron a salir camiones civiles y de Gendarmería transportando cigarrillos, supuestamente con destino al cinturón ecológico CEAMSE.
"Los cigarrillos les habían sido confiados para su destrucción y abusando de sus altos cargos y de la posibilidad de disponer libremente de los mismos, los ocultaron y posteriormente los extrajeron del ámbito de la guarnición con el objetivo de ser introducidos en el mercado minorista", señaló.
Asimismo, el magistrado recalcó que los ahora detenidos se "valieron de la confección de actas cuyo contenido no se condice con lo que realmente ocurrió".
Respecto de Villalba subrayó que el alto jefe estuvo siempre "al tanto de lo que ocurría con los cigarrillos", mientras que Esper instruyó a sus subordinados sobre lo que tenían que declarar y los presionó diciéndoles que debían cuidarse porque sus carreras dependían de los que iban a decir ante la Justicia.