El pedido de detención causó revuelo en el ambiente político de la provincia de Salta, porque, entre 1995 y 1997, y bajo la gestión anterior del actual gobernador, Juan Carlos Romero, Nazario fue secretario de Seguridad provincial.
Se tuvo que alejar del cargo en junio de 1997, cuando un ex detenido lo identificó como uno de sus torturadores. Apenas trascendió en fuentes judiciales la orden de detención contra el ex funcionario, voceros del gobernador Romero se apuraron a aclarar que Nazario “fue removido del cargo por su probable participación en la ultima dictadura y actualmente no cumple ninguna función dentro de la gobernación”.
Sin embargo, en el momento de la renuncia, el mismísimo gobernador provincial atribuyó a una “operación política” propias de un período electoral, el embate contra su secretario de Seguridad, quien antes de asumir como funcionario estuvo a cargo de la vigilancia en el diario “El Tribuno”, propiedad de la familia Romero.
A pesar de la renuncia, en Salta se asegura que Nazario sigue manejando la seguridad provincial “desde las sombras” y estuvo detrás de “todas” las represiones que sufrieron manifestantes en la provincia, incluida la de General Mosconi, en noviembre de 2000, donde murió el manifestante Anibal Verón.
En bases de datos de organismos de Derechos Humanos, así como en el informe “Nunca Más”, se explica que en tiempos de la dictadura militar, Nazario actuó bajo el seudónimo de "Comandante Estevez" en los grupos de tareas que funcionaban en los centros clandestinos de detención El Olimpo y El Vesubio de la provincia de Buenos Aires.
Nazario se suma a una extensa lista de ex militares y miembros de fuerzas de seguridad detenidos en el marco de la causa que instruye Bonadío, entre los que se cuentan el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, quien permanece detenido en su domicilio.
En tanto, quedan siete prófugos, entre ellos los coroneles retirados Jorge Luis Arias Duval y Julio César Ballere, así como el teniente coronel retirado Enrique José Del Pino.
En la causa se investiga una denuncia presentada en 1983 por Claudia Olga Allegrini y María Paula Viñas, esposa e hija de Lorenzo Viñas, una de las víctimas de la represión sobre el grupo de Montoneros que ahora se investiga.