Además, expresó que de consumarse en aumento se generaría “una desobediencia judicial”, recordando que existe una medida cautelar de la juez Claudia Rodríguez Vidal, que suspendió las Audiencias Públicas convocadas para discutir el aumento de las tarifas.
En ese sentido, Riopedre también se preguntó "¿para qué van a convocar a las Audiencias Públicas si de antemano ya tienen la decisión política de habilitar los aumentos de los servicios públicos?”
También, expresó que desde el “Estado se está advirtiendo que si no hay aumentos de tarifas, podría darse un deterioro en la calidad de la prestación de los servicios públicos” y consideró esos dichos como “algo que resulta una vergüenza porque en este caso el Ejecutivo aparece como vocero de las empresas privatizadas en lugar de defender a la gente".
En tanto expresó que desde ADECUA se realizaron presentaciones en el Congreso de la Nación para que se discuta una baja del IVA en los servicios públicos esenciales, además de solicitar que se dejen sin efecto por 180 días los cortes de los servicios públicos esenciales para aquellos usuarios que “no estando amparados por una Tarifa Social, no pudieran hacer frente al pago de las facturas del agua, la luz y el gas".
Asimismo, apuntó que frente a la realidad tarifaria, debe adoptarse necesariamente un criterio de “razonabilidad tributaria porque “hoy los usuarios y consumidores están pagando hasta un 40 por ciento de impuestos con las boletas de luz y gas.”
Y a modo de ejemplo comentó que en la Provincia de Buenos Aires se paga hasta un 30 por ciento de la factura en impuestos –nacionales, provinciales y municipales- realidad agravada por un 21 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.
De ese modo concluyó que “no hay usuario que pueda seguir resistiendo la pesada carga tributaria trasladada a las facturas de los servicios públicos esenciales".