04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Lamentos y alegrías

La decisión de la Cámara Baja de rechazar el dictamen acusatorio contra los nueve jueces de la Corte Suprema causó distintas repercusiones. Para algunos, como Adolfo Rodríguez Saá, fue una lástima que el juicio haya quedado trunco, en tanto que desde el gobierno, vieron con ojos de satisfacción el cierre del caso.

 
El precandidato presidencial puntano indicó que los ministros de la Corte Suprema no pudieron ser juzgados ya que en el recinto de Diputados se comprobó la vigencia del "Pacto de Olivos".

Por su parte, el diputado justicialista Sergio Acevedo admitió hoy que siente "pena" y "tristeza" por el rechazo al juicio político a los miembros de la Corte Suprema, y consideró que el Congreso sufre un "terrible descrédito" a partir de la adopción de decisiones de ese tipo.

"Siento pena, tristeza, porque me parece que no nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación, de la gravedad de la crisis, y del terrible descrédito del Parlamento cuando se decide una cuestión de esta naturaleza", enfatizó Acevedo.

El presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja admitió de todos modos que "continúa" el trabajo de ese cuerpo para intentar remover a algunos de los miembros del alto Tribunal, sin especificar ni como ni cuando ni porqué.

En tanto, el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof, sostuvo que con la decisión parlamentaria que se tomo en el Congreso de la Nación se eliminó la sensación de " incertidumbre" que pesaba sobre uno de los poderes del Estado.

Además, el ministro sostuvo que el PEN "está satisfecho", ya que no se podía seguir teniendo a un poder del Estado "en el banquillo de los acusados sin una resolución rápida del tema".

Es que después de meses de idas y vueltas, de declaraciones y presiones cruzadas, el proceso de juicio político en contra de los miembros de la Corte Suprema de Justicia pasó a formar parte de la historia, ya que durante la madrugada el bloque de diputados justicialistas logró imponer el archivo del dictamen acusatorio contra los nueve jueces del tribunal.

El tema no fue fácil, ya que para llegar a la plasmar la decisión, los diputados debieron participar de una larga sesión y los impulsores del proceso estuvieron separados por trece votos de lograr el fin que perseguían, de llevar a juicio al presidente de la Corte Julio Nazareno, y cifras similares respecto de otros cuatro ministros.

De ese modo, la acusación recibió el voto a favor del bloque radical, de los peronistas disidentes (puntanos, y el denominado grupo "Talcahuano") el ARI, Frepaso e Izquierda Unida, pero no contó con la asistencia al momento de la decisión del sector de Luis Zamora.

Los resultados de las votaciones arrojaron que Julio Nazareno tuvo 143 votos a favor de su juicio y 90 en contra; Adolfo Vázquez, 140 contra 95, Eduardo Moline O´Connor, 139 contra 98 negativos, Guillermo López, 132 contra 97, Antonio Boggiano 131 contra 97, Augusto Belluscio 122 contra 109, Carlos Fayt, 85 a favor contra 135 en contra, Enrique Petracchi, 72 contra 158, y Gustavo Bossert, 63 contra 168.

Además, se formularon 40 cargos contra Eduardo Moliné O´Connor, 36 contra Guillermo López, 29 contra Adolfo Vázquez, 35 contra Antonio Boggiano, 23 contra Carlos Fayt, 22 contra Augusto Belluscio, 12 contra Enrique Petracchi, y 9 contra Gustavo Bossert.

La sesión de Diputados marcó el final para el dictamen de la Comisión de Juicio Político que fuera emitido el último 16 de mayo.

Los jueces fueron cuestionados por sus votos en causas emblemáticas como el caso Smith (corralito), el desvío de armas, la habilitación de Raúl Romero Feris como candidato a gobernador, el traspaso de la causa Moneta de la justicia mendocina a la Capital Federal, el rebalanceo telefónico y por haber declarado inconstitucionalidad del inciso 4 del articulo 99 de la Constitución que obliga a los jueces mayores de 75 años a pedir autorización al Senado para seguir en el cargo, la no aplicación de la ley de Etica Publica en cuanto a la difusión de sus declaraciones juradas, y el manejo administrativo del tribunal.



dju / dju
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