EVASIÓN.

Millonaria resultó ser la denuncia de la DGI contra la petrolera San Jorge, que en 1999 fue vendida a la gigante del negocio de los combustibles, la estadounidense Chevron, por la friolera de mil doscientos millones de dólares. Nada va a decir esta columna de cómo el Estado va a tratar de cobrar los 130 millones que dice que se evadió en esa operación –fue la nota destacada de las secciones económicas de los principales medios-, sino como el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, de manera relámpago, dispuso una veintena de allanamientos, una orden de detención y varios impedimentos de salida del país a las pocas horas de recibida la denuncia -por eso no sorprendió el inmediato respaldo a la gestión del magistrado que formuló el mandamás de la AFIP, Alberto Abad-. Pero quizá la perlita del mega procedimiento, recién se produjo a última hora del viernes, cuando en el mayor de los sigilos, Aguinsky allanó las oficinas porteñas del poderoso banco “J. P. Morgan”, que sirvió de pivot financiero de la operación por la que son investigados los ex directivos de la petrolera. “Una difusión pública del procedimiento hubiera alterado innecesariamente los ánimos en la City”, reconoció un experimentado magistrado que ponderó el perfil bajo -pero activo- con que el juez lleva adelante la investigación tributaria, considerada como la más importante de los últimos años. Ahora, la gente del “J. P. Morgan” deberá entregarle al juez la documentación que marca el destino que tuvieron los 1.200 millones que cobraron los empresarios criollos via New York, ya que caso contrario, Aguinsky deberá revisar los archivos digitales de los últimos cinco años del banco –y de todos los clientes- que ya se encuentran a seguro resguardo judicial.

TRABAJOSA. Será la primera jornada de esta semana que comienza en el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA. Es que le toca el turno a Ana Boragni, la mujer del preso clave del caso, Carlos Telleldín. Es que la mujer carga sobre sus espaldas el peso de conocer a fondo toda la trama de la preparación y la entrega de la camioneta bomba. “Estuvo en todas, desde la primera extorsión a Telleldín hasta la entrega de la camioneta y después también, cuando le pagaron 400.000 dólares al esposo”, graficó un abogado que viene trabajando sobre lo que dijo Boragni en la instrucción y preparando la estrategia desde hace varias semanas. Otro que viene trabajando fuerte pensando en el martes es el juez que estará a cargo de la presidencia, Gerardo Larrambebere, acaso el más duro de los tres jueces del Tribunal 3 a la hora de imponer orden y ritmo al debate. El Tribunal sabe que Boragni tiene mucho para contestar, por eso es la única testigo citada en la jornada, donde se verá además el regreso de muchas caras conocidas a la sala de audiencias. Como uno de los abogados de Telleldín, Víctor Stinfale, una suerte de protector de la esposa del enano. Otro que estará, claro, es el mismísmo Telleldín, que viene al juicio sólo cuando es absolutamente necesario para su estrategia. Es que -aseguran en la cárcel de Devoto- en los ocho años que lleva detenido desarrolló hábitos nocturnos y la hora del traslado a Tribunales -un súper operativo a cargo de un grupo de élite del Servicio Penitenciario Federal- lo sorprende casi a la hora de su amanecer: el mediodía.

RECONOCIMIENTO. El constante crecimiento de Diariojudicial.com y el haberse transformado en una herramienta imprescindible para los distintos protagonistas de la vida judicial, quedó plasmado el miércoles de esta semana en boca del presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Teodoro Sánchez de Bustamante, durante una mesa redonda que organizaron en forma conjunta la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, evento que curiosamente tuvo escasa difusión, pese a la participación de periodistas de nota en calidad de expositores. Sánchez de Bustamante fue coordinador de uno de los paneles en que se dividieron las dos jornadas y al presentar a los panelistas, el reconocido laboralista mencionó a nuestro medio como una fuente de “consulta obligada” para quienes ejercen la profesión de abogados , ya que a la página se zambullen en busca de jurisprudencia con fallos completos, noticias y eventos académicos. En la platea, conformada en su mayoría por abogados, hubo murmullos de asentimiento y voces confirmando así la fuerte presencia del sitio nacido hace casi tres años. ¿Tendremos que aguardar mucho tiempo más para el reconocimiento de periodistas judiciales que recurren al sitio para informarse sin mencionarnos? Esperemos que no, pero desde ya el agradecimiento al doctor Sánchez de Bustamante, quien dice ser un fiel lector de este espacio en la web.

CONTENTOS. Están los querellantes de la AMIA, DAIA y Familiares porque la suerte les puso en el camino al fiscal Carlos Cearras, que será el encargado de investigar al denuncia que los acusadores realizaron contra 9 policías bonaerenses retirados y en actividad que declararon hace pocos días en el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA. Tal como adelantó en su momento Diariodeljuicio.com a los nueve policías se los denunció por el presunto delito de falso testimonio, ya que -entendieron los abogados- declararon faltando a la verdad y con el sólo objetivo de beneficiar a sus ex compañeros presos por el atentado. Por eso, muy enojados, los querellantes no los denunciaron en la audiencia sino directamente ante la Cámara Federal, con la inocultable intención que la investigación comience de inmediato y sirva como advertencia para los policías que todavía no declararon. La cuestión es que la causa fue a parar por sorteo al juzgado de Claudio Bonadío -extraña atracción tiene este juez para entender en temas vinculados al caso AMIA, hay que recordar que tiene en sus manos la llamada “investigación de la investigación”, entre otras derivadas del principal-. Fue Bonadío, – está obsesionado por aclarar el tema de las supuestas Coimas II del Senado- quien decidió delegar la instrucción en Cearras, a quien los abogados de la AMIA consideran como “una garantía”.

alejandro s. williams / dju