El TOF 3 respondió de esta forma a un pedido del defensor de Juan José Ribelli, José Manuel Ubeira, quien cuando se oficializó el rechazo de la SIDE al pedido de desclasificación pidió que se insista ante Duhalde o el mismo Tribunal decidiera difundirlo entre las partes.
El Tribunal eligió el camino más largo -insistir ante Duhalde- pero sumó sus propios argumentos para lograr la desclasificación. En la extensa resolución que se leyó hoy al comienzo de la audiencia, cuando la expectativa estaba puesta en la declaración de la esposa de Carlos Telleldín, Ana Boragni.
Para el Tribunal, la resolución del jefe de la SIDE, Miguel Ángel Toma que se opuso a la desclasificación “contraría los lineamientos expuestos en el decreto 490/02”, que el mismo presidente Duhalde firmó en marzo de este año, por el cual se relevó del secreto a los agentes que declararán en la audiencia oral.
En ese decreto, se dice que la tarea de la SIDE está considerada por ley como “estrictamente secreta y confidencial”, pero advierte que “los valores éticos y jurídicos vulnerados por el atentado a la AMIA son de identidad similar a los que tutelan” las normas que disponen el silencio de los agentes aún cuando cesen en sus funciones.
Este párrafo de los considerandos del decreto del 14 de marzo último puede convertirse en el talón de Aquiles de Duhalde, y el Tribunal se lo advirtió con todas la letras: “la resolución (de Toma, prohibiendo la difusión del sumario) contraría la expresa voluntad del presidente de la Nación”, advirtieron los jueces Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo.
Para los miembros del TOF 3, está claro el “balance de intereses” entre el secreto de Estado y el esclarecimiento del atentado, por eso decidieron insistir con “la desclasificación oportunamente solicitada”.
Por otro lado, el TOF 3 no dejó pasar la oportunidad de fustigar a Toma porque en la negativa a la desclasificación del sumario advirtió que no habría “elementos de interés” para la investigación del atentado porque sólo se consideró la labor interna de los agentes de la SIDE.
“Resulta claro que el señor secretario de Inteligencia no puede atribuirse la facultad de decidir qué piezas de las contenidas en las actuaciones de referencia, pueden resultar de interés” en el juicio, advirtieron los jueces.
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