Bordaberry fue electo en noviembre de 1971 y apoyado por las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso en 1973, prohibiendo todas las actividades políticas. Tres años después, cuando también Argentina ingresaba en una dictadura militar, las Fuerzas Armadas le quitaron respaldo y fue forzado a renunciar, aunque el control militar siguió hasta 1983.
La demanda presentada contra Bordaberry busca que el ex presidente, de 74 años, sea condenado a una pena máxima de 30 años de prisión, “la máxima que rige en el Uruguay”, explicó el abogado patrocinante, Walter de León y detalló que el “golpe se considera como un crimen contra la patria y el golpista un reo de lesa nación”.
Por su parte, una de las dirigentes de la asociación de familiares de muertos durante la dictadura que inició Bordaberry, Lille Caruso, dijo no tener dudas que el ex presidente será “condenado” y –aseguró- “el pueblo va a festejar".
Ahora la Corte Suprema debe declarar la admisibilidad o no del proceso. En el primer caso, el tema pasaría al Fiscal General, lo que permitiría finalmente iniciar un juicio político al ex presidente.
La presentación fue acompañada con un petitorio con más de 1.500 firmas, entre las que se cuentan la de sindicalistas y políticos de partidos de izquierda.
Como parte de la argumentación presentada ayer ante la Corte Suprema Uruguaya, los familiares dicen que “en 1973 Bordaberry dio un golpe de Estado, disolvió el Parlamento y creó un Consejo de Estado Constitucional”.
Y agrega que el Código Penal uruguayo, en el capítulo Delitos contra la Patria, artículo 132, establece que “será castigado con diez a treinta años de penitenciaría, y de dos a diez años de inhabilitación especial, aquel ciudadano que por actos directos pretendiere cambiar la Constitución o la forma de gobierno por medios no admitidos por el Derecho Público interno”.
En la presentación, se advierte que aunque el delito prescribe a los 20 años de cometido, en este caso el plazo no se cumple, porque –aseguran- existe abundante jurisprudencia reconociendo la interrupción del cómputo de la prescripción durante el período de dictadura (1973-1985), ya que juristas, jueces y fiscales concuerdan con que no existía justicia durante ese período.
Esta es la segunda que alcanza a Bordaberry. En junio de este año, el juez penal Rolando Vomero aceptó reabrir una investigación por el asesinato de ocho miembros del Partido Comunista, en 1972, y estudia ahora un posible imputación de autor intelectual contra Bordaberry.
Según abogados de derechos humanos, las acusaciones contra el ex presidente están excluidas de la ley que en 1986 amnistió a militares involucrados en violaciones a los derechos humanos cometidas hasta el final de la dictadura por militares y policías.
Hace poco más de un mes, el ex canciller de Bordaberry, Juan Carlos Blanco, fue detenido como presunto coautor del secuestro de una maestra, Elena Quinteros, un recordado caso de represión durante la dictadura uruguaya.