Así lo sostiene una presentación efectuada ante el juez federal Claudio Bonadío por el titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, en la causa por la que se investiga la presunta existencia de un pedido de sobornos por parte de senadores, a cambio de frenar leyes contrarias a los intereses de los bancos.
Según Massoni, Bercún “incurrió en una violación al régimen de conflicto de intereses previsto en el artículo 13 inciso b de la ley 25188 (de ética pública)”, pero dicha violación devino abstracta ya que el Ministerio de Economía rescindió el contrato con la sociedad CB y Asociados, el 4 de octubre cuando se conoció públicamente la actividad que Bercún desarrollaba para la cartera, a través de esa consultora.
Recordemos que "en el ejercicio del control administrativo" el fiscal de control administrativo de la oficina anticorrupción puede emitir los dictamenes necesarios para ejercer tal facultad y en tal calidad se expidió en el escrito que se agregó a la causa.
En la presentación se señala que Bercún cumplió tareas como subsecretario de Relaciones Institucionales del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicio Públicos entre 1996 y 1999, y que en abril de 2000 suscribió un contrato a través de CB y Asociados para informar “sobre el análisis de la totalidad de iniciativas parlamentarias, atención de consultas sobre el estado parlamentario de proyectos, información anticipara sobre actividades y desarrollo parlamentario, reuniones de ambas cámaras legislativas y votos de los principales bloques políticos”.
Bercún también se desempeñaba como lobbysta de la Asociación de Banco Argentinos y fue citado a declarar como testigo, pero el fiscal Guillermo Marijuan cuestionó esa condición.