Antes de ser desvinculado del caso Prats, la misma Corte Suprema cerró un juicio en su contra por el asesinato y secuestro de 75 prisioneros políticos en 1973, porque estimó que su demencia vascular no le aseguraba un debido proceso.
Aunque Pinochet fue desligado del crimen de Prats, la Corte Suprema abrió el lunes la posibilidad de que, por primera vez, el asesinato sea investigado en Chile.
El Máximo Tribunal trasandino aceptó la procedencia de la extradición a Argentina de cinco ex agentes de la policía secreta de Pinochet, pero priorizó la Convención de Extradición de Montevideo que indica que antes deben ser juzgados por tribunales chilenos.
Los acusados son el general retirado Manuel Contreras, los brigadieres jubilados Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga y José Zara, además del civil Jorge Iturriaga.
Prats y su esposa vivían exiliados en la Argentina cuando un atentado que habría organizado la temida policía secreta de Pinochet les costó la vida, en septiembre de 1974.
Prats, quien fue jefe del ejército y había colaborado con el depuesto presidente socialista Salvador Allende, se fue de Chile luego del golpe que llevó a Pinochet a ocupar la primera magistratura en ese país en 1973.
La juez María Servini de Cubría demandó la extradición de Pinochet, Manuel Contreras, el también general retirado Raúl Iturriaga, su hermano Jorge, y los brigadieres Pedro Espinoza y José Zara.
Los cinco jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), que dirigía Contreras, fueron procesados en la Argentina como responsables del asesinato.
La decisión de no extraditar a Contreras y sus colaboradores se logró con un fallo dividido de 3-2, y de ese modo la sala penal de la Corte Suprema rechazó la extradición de estos y dispuso que antes de ser enviados a la Argentina los inculpados deben ser juzgados en el país.