04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Se quedan adentro

Un juez platense negó los pedidos de eximición de prisión para 18 personas, entre las que se cuentan ex senadores y funcionarios de la Cámara alta bonaerense, en una causa que investiga una presunta estafa millonaria cometida con subsidios otorgados a fundaciones y asociaciones inexistentes.

 
La medida fue adoptada por el juez de Garantías, Guillermo Atencio, quien además pidió el desafuero de cuatro actuales senadores bonaerenses que estarían involucrados en la maniobra investigada.

Una vez que Atencio fundamente los pedidos, elevará los mismos al presidente de la Cámara de Senadores bonaerense, Hugo Corbata.

El desafuero se pedirá para los senadores bonaerenses Juan Carlos Plana, del ARI, y los senadores radicales Enrique Marín Vega, Juan Carlos Stávale y Gustavo Marelli.

La investigación que lleva adelante el magistrado se inició en 2001, a partir de la denuncia que radicó ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata un beneficiario de un subsidio no recibido que le debía entregar el ex senador provincial Héctor Monasterio.

Monasterio, oriundo de la localidad bonaerense de Lincoln, ocupó una banca desde 1997 a 2001 y está sospechado de haberse apropiado de un subsidio por un monto cercano a los 2.000 pesos que debía entregar a un particular.

Aparentemente, se habría detectado la existencia de subsidios entregados a fundaciones y asociaciones civiles inexistentes, conformadas en forma irregular o integradas por personal que tenía a su cargo el legislador que otorgó el beneficio.

Por otra parte, fuentes legislativas precisaron que hasta mediados del año 2000 los senadores bonaerenses contaban con alrededor de 60 mil pesos anuales para entregar en subsidios a entidades de bien público o a particulares por razones de enfermedad o carecientes.

Esos fondos, con los que también contaban los diputados, fueron derogados en septiembre de 2000, cuando la Legislatura resolvió cortar los fondos extra presupuestarios, de alrededor de 40 millones de pesos anuales, que le otorgaba el Poder Ejecutivo y que eran principalmente destinados a subsidios.



dju / dju
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