El Ombudsman de la Nación, Eduardo Mondino, y el adjunto de la Defensoría porteña, Alejandro Nató, solicitaron la habilitación de feria ante el juez en lo contencioso administrativo federal, Martín Silva Garretón, y pidieron sendas medidas cautelares que impidan autorizar el incremento de las tarifas que tiene previsto aplicar el Gobierno.
La presentación de Mondino, con reserva del caso federal, señala que el decreto “viola la forma republicana de gobierno, el principio de división de poderes, el debido proceso legal, el derecho de los usuarios y consumidores, el derecho de propiedad, así como constituye un uso inadecuado y asimismo ilegal de la posibilidad del Poder Ejecutivo Nacional de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia”.
Del mismo modo – señala – la norma cuestionada contraviene principios contenidos en la Convención Americana sobre derechos Humanos, particularmente “lo establecido en el artículo 25 de dicho tratado internacional, de rango constitucional”.
Por medio del referido decreto, el Ejecutivo realizó una modificación “transitoria” de los artículos 8 y 9 de la Ley de Emergencia, tomando del Congreso Nacional la potestad de poder producir modificaciones en los valores tarifarios hasta que se renegocien los contratos con los prestadores de servicios.
Mondino hizo hincapié en que el Gobierno desoyó un fallo dictado el mes pasado por la juez de primera instancia Susana Córdoba, que trabó los aumentos dispuestos para el gas y la energía eléctrica “hasta tanto se dicte sentencia en el juicio”.
Dijo sobre el aspecto procesal que el Estado Nacional, luego de apelar ese fallo, no impulsó el trámite, ni pidió pronto despacho parta posibilitar que el expediente fuera remitido a Cámara “para obtener la revocación del decisorio”, como tampoco hay constancias de que el Ejecutivo haya solicitado la habilitación de feria para tramitar el recurso que impuso.
En otro párrafo de los fundamentos, dice que una modificación en las tarifas produciría “un fuerte impacto sobre la distribución de los ingresos” porque los salarios se encuentran “congelados”, lo que redundaría en la “expulsión de usuarios, afectando la accesibilidad al servicio público”
“Sabido es que cualquier incremento en las tarifas perjudica al conjunto de la población por su traslado a los precios de los bienes y productos. De allí también lo injusto de autorizar incrementos en tarifas de servicios públicos, sin un análisis y una discusión seria (en el marco de una audiencia pública) sobre la cuestión”, añade.
Mondino considera que sólo cuando se renegocien los contratos y se evalúe “el buen cumplimiento de los servicios” se debería analizar la necesidad de un incremento “y no de antemano”.
Es por ese motivo que solicita que el Ejecutivo “se abstenga de modificar, revisar, o llevar a cabo adecuaciones tarifarias en el marco de los contratos administrativos de concesión y licencia de servicios públicos, sin que al respecto se aplique sin alteración de ninguna especie lo establecido en el art. 9 de la Ley 25.561 y en su caso de la legislación respectiva de los marcos regulatorios correspondiente, hasta tanto se dicte sentencia en el presente juicio”.
Por su parte, Nató, que está en ejercicio de las funciones como Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en reemplazo de la titular, Alicia Oliveira, solicitó la medida cautelar por vía sumarísima para que se dicte sentencia “decretando la nulidad absoluta e insanable” de la medida gubernamental.
En una presentación de 108 fojas, Nató fundamentó que existe un amparo otorgado por el juez Néstor Marinelli en diciembre pasado para que se impida el aumento de las tarifas en el ámbito de la Capital Federal.