El gesto de los bancos apuntaba a lograr un acercamiento entre los deudores y las entidades acreedoras. La decisión fue acordada en un encuentro del que participaron el titular del Palacio de Hacienda y los presidentes de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, y el presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Carlos Heller. También se resolvió realizar un relevamiento para determinar cuál era la magnitud del problema.
Así, se determinó que el sector agropecuario sería uno de los más perjudicados en el caso de que las entidades bancarias decidieran ejecutar las hipotecas, con más de 12 millones de hectáreas comprometidas, de las cuales un tercio está ubicado en la Patagonia.
Por eso, las cuatro entidades agropecuarias le pidieron la semana pasada formalmente al presidente Eduardo Duhalde que se aplicaran nuevos mecanismos para recrear los plazos de pago y las tasas de interés de los prestamos hipotecarios.
De todas maneras, ahora que en el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional se ratificó el final de las prorrogas, los bancos comenzarán desde la semana próxima a tomar contacto con sus deudores hipotecarios morosos para ponerlos al tanto de su situación.
Sin embargo, la premisa es la prudencia, tanto desde el departamento de Cobranzas como el de Legales de las principales entidades financieras.
No se espera que el lunes haya un aluvión de demandas ejecutivas ni de escritos solicitando subastas en los procesos ya iniciados. La idea es negociar primero con los deudores, caso por caso y evaluar posibles planes de pago.
Sin embargo, si se cumple lo pactado entre el oficialismo y la oposición, el Congreso buscaría sacar una ley de mediación judicial previa a la orden de las subastas, norma que si bien seguiría las líneas del actual decreto 2415/02 del Ejecutivo, también incluiría los casos en los que el acreedor sea una entidad financiera, cosa que no ocurre en dicha norma.