21 de Noviembre de 2024
Edición 7096 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/11/2024

Sube, sube, sube la tarifa

El gobierno deberá informar en el término de cinco días y luego en forma mensual el nivel de cumplimiento de los servicios por parte de las empresas concesionarias, según un fallo del juez en lo contencioso administrativo federal Guillermo Rossi. FALLO COMPLETO

 
Asi, la justicia avaló implícitamente el aumento de las tarifas de gas y electricidad al obligar al Estado a informar mensualmente a los usuarios sobre la calidad y el cumplimiento de las prestaciones y la marcha de la renegociación de los contratos.

En un fallo que no satisfizo los reclamos de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, el juez en lo contencioso administrativo federal Guillermo Rossi no frenó el aumento tarifario en el ámbito de la capital como se había reclamado mediante una acción de amparo.

El magistrado, en su resolución estableció que en el plazo de cinco días de notificada su resolución y luego cada tercer lunes de mes, el Poder Ejecutivo deberá dar cuenta sobre “el nivel de cumplimiento de los servicios por parte de los concesionarios respecto de las obligaciones a su cargo, la calidad de los mismos, los terminos de las renegociaciones y modificaciones concesionadas hasta la fecha”. Esto se cumplira “mientras se desarrolle el proceso de renegociación del contrato y hasta que se celebre la audiencia pública.”

Agregó el magistrado que esa información deberá brindarse a todos los medios de difusión oral, televisiva e impresa y ser publicada en dos diarios de la capital federal que se irán rotando”.

Las tarifas de electricidad sufrieron incrementos de un 9 por ciento y las de gas un 7,2 por ciento para los consumidores residenciales, mientras que en el sector industrial trepa hasta un 18 por ciento.

Si bien Oliveira está de acuerdo con que se informe sobre las prestaciones de los servicios, anticipó que mañana apelará la resolución en tanto que no frena el incremento tarifario.

Rossi reivindicó la articipación de los usuarios en defensa de sus derechos a la vez que admitió que tienen “poca información” por lo que no descartó que haya habido “negligencia” de parte del Estado “dadas las particularidades que tiene la negociación”.



dju / dju
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