La manda judicial que lleva la firma de la juez María Carrión di Lorenzo se dió en el marco de los autos “Defensor del Pueblo de la Nación C/En PEN DTO 120/03 S/ proceso de conocimiento- incidente de medida cautelar” en donde se pedía que la justicia suspendiese los aumentos de las tarifas de los servicios privatizados que había autorizado el Estado Nacional.
En el fallo de la juez se puede leer que se hace lugar a las medidas cautelares solicitadas por Mondino y en consecuencia se le ordena al PEN y a los entes de control y empresas involucradas “suspender la aplicación y los efectos del decreto de necesidad y urgencia 120/03 y 146/03 y la resolución 2787 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”.
Con esta medida de la magistrada, que se dió en consonancia con el fallo de la juez Claudia Rodríguez Vidal, quedan cautelarmente suspendidos los aumentos del 7 por ciento en el servicio de gas y del 9 respecto de la tarifa de electricidad, que se había dispuesto con la sanción del decreto 146/03.
Además, quedó suspendido el decreto 120/03 en el cual el estado se había alegado la facultad de subir el cuadro tarifario de esos servicios hasta tanto no se termine con el contrato de renegociación con las empresas concesionarias de los mismos.
Para llegar a la medida la magistrada usó los mimos considerandos de su par Rodríguez Vidal y de ese modo marcó diferencias respecto del fallo del juez en lo contencioso administrativo federal Guillermo Rossi, quien dictó una resolución obligando al gobierno a informar en el término de cinco días y luego en forma mensual el nivel de cumplimiento de los servicios por parte de las empresas concesionarias y la marcha de la renegociación de los contratos. Dicha resolución fue en el marco de un amparo promovido por la Defensora porteña, Alicia Oliveira, quien luego planteó la aclaratoria de dicha resolución.