Kaul aseguró que “por primera vez en 9 años, la causa de la AMIA ha pasado a ser una cuestión de Estado” y anunció que el presidente “dijo que todo aquel funcionario que tenga algún grado de responsabilidad va a ser separado de su cargo y llevado a la Justicia”, en torno a las sospechas de vieja data que tomaron nuevo impulso en los últimos días, sobre el supuesto conocimiento previo que podría haberse tenido en la SIDE sobre el ataque terrorista.
Por su parte, el jefe de la SIDE aclaró en la misma conferencia de prensa que la decisión presidencial busca “cooperar al esclarecimiento total” del atentado y especificó que la desclasificación de la información sera sólo “para la Justicia y las partes en el expediente”.
La semana pasada, el TOF 3 anuló el decreto 116/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, que disponía que los abogados defensores y los querellantes en el juicio por el atentado contra la AMIA no podían conocer el contenido del sumario interno que instruyó la SIDE para castigar a sus agentes por irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la AMIA.
Sobre ese trabajo se sabe apenas que constan las evaluaciones de presuntas irregularidades cometidas por agentes de inteligencia cuando se investigó la voladura de la AMIA judía durante la gestión de Hugo Anzorreguy, y que dio como resultado la sanción de tres agentes de alto rango: Alejandro Brousson, perteneciente al área de contrainteligencia, Patricio Pfeining de la “Sala Patria” y Jorge Lucas Casado, quien ya no revista en la Secretaría.
Más allá de los trascendidos, el saliente titular de la SIDE, Miguel Ángel Toma, se empeñó en su momento en no desclasificar el sumario, y hasta aseguró que allí no había nada que sirviera para el juicio a la supuesta “conexión local” del atentado. No opinan lo mismo en la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funciona en el ministerio de Justicia, donde en su momento se pidió la reapertura del sumario para profundizar varias pistas que habrían sido mal investigadas por los espías.
Pero aún más importante que este sumario ahora abierto a las partes parece la declaración de los agentes y jefes de la SIDE, que a cara descubierta y en una audiencia oral deberán rendir cuentas de, entre otros temas candentes, el supuesto pago de 400.000 pesos a Carlos Telleldín antes que acusara a los policías bonaerenses y los numerosos indicios de que el organismo de inteligencia contó con información propia que nunca volcó al expediente judicial.